Anaís Merlín Guzmán (18) y Evelin Pinaya (19) son las asambleístas más jóvenes de la legislatura 2025-2030. Ambas son atacadas por su juventud y por ser mujeres. Expertas advierten de la vulneración de sus derechos, pero también exigen a las organizaciones políticas no instrumentalizar las candidaturas y formar integralmente a sus cuadros.
Anaís Merlín Guzmán y Evelin Mayra Pinaya Condori, las diputadas suplentes electas más jóvenes de la Asamblea, se enfrentan a una ola de violencia política digital y discurso de odio. Las plataformas sociales se han convertido en el escenario de un doble escarnio que las ataca selectivamente por su condición de mujeres y su juventud, un hostigamiento que no padecen sus colegas varones de edad similar.
Expertas advierten que estas agresiones no solo vulneran sus derechos, sino que debilitan la democracia y limitan la participación de las mujeres en la política. Pero también demandan de las organizaciones políticas mayor responsabilidad, no solo para dejar de instrumentalizar las candidaturas, sino para formar cuadros capaces de asumir las responsabilidades que les corresponda, con un enfoque integral y sin improvisaciones.
Guzmán, de 18 años, fue electa como diputada suplente por circunscripción plurinominal de Santa Cruz, en representación de la Alianza Unidad. En entrevistas con medios de comunicación afirmó que actualmente cursa el segundo semestre de la carrera de Derecho.
Pinaya, de 19 años, fue electa como diputada uninominal suplente por la circunscripción 32 de Oruro, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En contacto con los medios de comunicación aseguró que estudia Economía.
Su elección las convierte en las asambleístas más jóvenes de la legislatura 2025 – 2030, situación que las ha colocado en el centro de la atención pública, pero también en blanco de críticas machistas y adultocentristas que recurren a la discriminación, los estereotipos y la violencia disfrazada de bromas para deslegitimarlas y ridiculizarlas.
Algunos comentarios —que no reproducimos para no revictimizar a las afectadas— sugieren que sus candidaturas solo pudieron deberse a supuestos padrinazgos; otros las condenan por ser «demasiado jóvenes» para asumir la responsabilidad del cargo, es decir que su edad las inhabilita para ejercer sus prerrogativas. Todo pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que su postulación y elección son legales. De igual manera, no existe información sobre su formación política, es decir, que son juzgadas solo por su género y su edad.
Las críticas refuerzan estereotipos sexistas
Patricia Flores Palacios, magister en ciencias sociales y feminista queer, considera que ambas diputadas electas representan renovación en la Asamblea Legislativa. La experta reivindica el derecho de las mujeres jóvenes a ejercer este tipo de cargos, aunque también reflexiona en sentido de que su incursión en la política debería ser con una sólida base formativa.
En todo caso, lamenta que desde el espacio digital se cuestione y deslegitime la capacidad y liderazgo de ambas asambleístas sin conocerlas, sobre prejuicios y empleando estereotipos sexistas y denigrantes.
«Ojalá esta representación sea la de una juventud informada, con tenacidad, proba y comprometida que avanza con esfuerzo, a pesar de las barreras de un paradigma adultocentrista y profundamente machista», sostiene Flores.
No solo se les critica la inexperiencia, sino también el hecho de ser mujeres, añade la especialista: Esto «evidencia un doble estándar que excluye y desvaloriza la plena participación política femenina». También apunta que, a un candidato vicepresidencial, contrariamente, «se le permite mayores márgenes de ignorancia, prepotencia y autoritarismo, e incluso de tolerancia ante sus inaceptables carencias políticas».
«Esta paradoja refleja un adultocentrismo cargado de machismo: mientras las mujeres jóvenes deben enfrentar prejuicios, desconfianzas e incluso ofensas con connotaciones sexuales que minan su trabajo, los hombres pueden exhibir arrogancia y desconocimiento sin ser cuestionados con igual severidad. No es solo la inexperiencia la que se juzga, sino el género, evidenciando un doble estándar que excluye y desvaloriza la plena participación política femenina».
La experta sostiene que el reto es transformar estas estructuras para que la calidad y legitimidad del liderazgo legislativo se fundan en capacidades y compromiso y no en prejuicios ni dominaciones. «No se trata de idealizar la juventud, sino de valorar los auténticos liderazgos sin sesgos de género ni edad, superando decisiones históricas marcadas por la prisa y la improvisación desde estructuras adultas, mayormente masculinas».
También afirma que, tras casi dos décadas marcadas por escándalos de «corrupción», «chicanería» y «abusos» que desgastaron profundamente la confianza en el Estado, «es urgente que se instale como cimiento la probidad, la ética y la vocación de servicio auténtica».
«Es fundamental que la renovación política impulse un liderazgo juvenil comprometido con el conocimiento riguroso, los valores sólidos y la responsabilidad pública, capaz de desafiar las lógicas partidarias clientelistas y avanzar hacia una gestión transparente y orientada al bien común».
Por su parte, Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, alerta que ambas diputadas electas están siendo víctimas de acoso principalmente por su edad y enfatizó que casi todos los asambleítas electos, independientemente de su formación y edad, requieren preparación para asumir su nuevo rol en el legislativo.
«Casi el 90% de los y las asambleístas no tienen ninguna experiencia parlamentaria; y efectivamente incluso aquellos que probablemente tengan educación superior, van a tener que aprender en torno a lo que es la técnica legislativa y, por tanto, necesitan apoyo, no solo ellas, sino también varias mujeres y hombres asambleístas».
Sánchez considera que las jóvenes están siendo «instrumentalizadas de alguna forma» y que los cuestionamientos no deberían dirigirse a ellas, sino a los partidos políticos, que son los responsables de elaborar las listas y respaldar a sus militantes.
«A quien se debe dirigir cualquier observación y crítica constructiva es a las organizaciones políticas, porque son las responsables, primero, de fortalecer a sus militantes, pero, además, de brindar las herramientas necesarias para que puedan ejercer su rol al interior de la Asamblea».
Remarca que existe un candidato suplente electo varón de 22 años, así como otros en ese mismo rango de edad, que no enfrentan el mismo nivel de críticas ni cuestionamientos públicos.
Por último, recuerda que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024 dice que Bolivia es un país joven; por lo que «hay que involucrar más a los jóvenes en el ejercicio ciudadano» y considera que la democracia se fortalece al dar oportunidad a miradas diversas y jóvenes.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 149 de la Constitución Política del Estado establece que «para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con dieciocho (18) años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente».
Asimismo, el artículo 234 de la CPE estable requisitos para acceder al desempeño de funciones públicas:
- Contar con la nacionalidad boliviana.
- Ser mayor de edad.
- Haber cumplido con los deberes militares (obligatorio para los varones, art. 108)
- No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal,
pendientes de cumplimiento. - No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en
la Constitución. - Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
- Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.
