La recomendación emerge de visita de la Misión de Observación Electoral que evaluó las elecciones judiciales del 15 de diciembre. Sobre este proceso, la delegación urgió a que autoridades, políticos y sociedad civil diseñen en conjunto un sistema que «corrija las deficiencias actuales».
La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que observó las elecciones judiciales instó a un diálogo nacional para precisar las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto de los otros poderes del Estado.
Dado el presente contexto de conflictividad institucional, la Misión recomienda «iniciar un diálogo nacional para considerar los ajustes que sean necesarios para precisar las atribuciones constitucionales del TCP con relación a otros órganos y poderes del Estado», se lee en el informe preliminar sobre los comicios del 15 de diciembre elaborado por la Misión de Observación Electoral de la OEA.
En el apartado donde la misión se refiere al tema se expone como ejemplo la manera en la que el TCP limitó las prerrogativas constitucionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Contrario al diseño constitucional, la jurisdicción especializada del OEP en materia electoral se ve limitada por el actuar del TCP. Entre otros temas, este último órgano ha resuelto cuestiones electorales precisas como la suspensión de las elecciones en diversos departamentos o la modificación de requisitos de elegibilidad para postular a un cargo».
Además del análisis elaborado por los miembros de la misión, el documento recoge la preocupación expresada en este mismo sentido por parte de diversos actores con los que se reunió la delegación a fin de tener una mejor aproximación acerca de lo que viene sucediendo en Bolivia.
La recomendación de la OEA se hace cuando solo faltan solo ocho meses para que Bolivia celebre las elecciones presidenciales de 2025, un proceso marcado por las tensiones y la polaraización política.
Valora el trabajo del TSE
La Misión OEA también destaca que, a pesar de los numerosos problemas que enfrentó, el TSE y los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) lograron organizar con éxito las elecciones.
El TSE afrontó los conflictos sociales y la reprogramación de la fecha de los comicios por decisiones como la asumida por la Sala Cuarta Especializada del TCP, que declaró desiertas las convocatorias a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, lo que implicó la suspensión de las elecciones para dichas autoridades judiciales en esas regiones.
El constitucionalista Eduardo Hurtado afirmó que hubo injerencia del TCP en el TSE, lo que implicó la suspensión de las elecciones para algunas autoridades judiciales. «Hubo injerencia por dos razones, una porque el tribunal estaba impedido de resolver asuntos en causa propia, estamos hablando de un juez imparcial; dos, el TCP a título de defensa de la CPE le ha impedido al órgano electoral actuar en el marco de sus funciones, como la preclusión. Estamos bajo un control constitucional arbitrario y abusivo a través de los cinco magistrados que han quedado», explicó.
Su colega y experto en la Carta Magna Jorge Quiroz coincidió con este idea y también sostuvo que hubo injerencia jurídica en los fallos del TCP, que derivaron en unas elecciones judiciales parciales y que tuvo efectos «perversos» que beneficiaron a un sector.
«Las elecciones judiciales debieron realizarse en los nueve departamentos de manera completa. No había necesidad de realizar comicios parciales. Tomando en cuenta que el Estado ha realizado enormes esfuerzos económicos para llevar adelante este proceso electoral. El TCP no cumplió con su rol fundamental de defender el Estado de derecho en el país», señaló.
Elecciones con retraso
En otro apartado de su informe, la misión de la OEA de igual manera observó con preocupación que estas elecciones se celebraron con un año de atraso, principalmente debido a suspensiones en la etapa inicial de elaboración del marco normativo, por falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero sobre todo por declaraciones de inconstitucionalidad decididas por el TCP.
Conforme a las entrevistas que hizo el MOE/OEA, la confrontación entre autoridades sobre las elecciones judiciales nacionales no solo empañaron la organización de los comicios, sino que también incrementaron las acusaciones sobre la falta de independencia judicial en el país.
Adicionalmente, la polarización política entre los partidos de oposición, así como al interior del oficialista Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), se tradujo en bloqueos de carreteras que causaron disrupciones y retrasaron el calendario electoral.
Debate sobre la pertinencia del proceso
Asimismo, la Misión también constató en sus encuentros con diversas organizaciones que en el país existe un debate sobre la pertinencia de mantener el sistema de elección popular de autoridades judiciales dadas las condiciones en que se desarrollan.
La delegación constató que los actores institucionales, políticos y sociales con los que se entrevistó no están plenamente conformes con el actual mecanismo para las elecciones judiciales, pero coinciden en que aunque «no es perfecto» se debe cumplir con la renovación de los magistrados según lo dispuesto en la Constitución.
Por ello, urgió a que autoridades, políticos y sociedad civil diseñen en conjunto un sistema que «corrija las deficiencias actuales» y garantice «la sostenibilidad de las soluciones adoptadas de aquí en adelante». «El modelo vigente ha demostrado sus limitaciones y su evaluación integral debe ser una prioridad ineludible para fortalecer la independencia judicial, la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones del país», indicó la Misión.
Si se mantiene el actual sistema, la OEA sugirió revisar aspectos como tener una ley marco que sistematice toda la normativa referida a los comicios judiciales para «garantizar la transparencia, publicidad, objetividad y meritocracia, limitando la discrecionalidad y reduciendo las posibilidades de interferencia política».
También consideró importante «replantear» el rol del Legislativo en el proceso de preselección de candidatos y ver la posibilidad de incorporar un «comité técnico especializado compuesto por expertos imparciales» para asegurar que la evaluación se base «en méritos y capacidades», algo que han pedido varias veces juristas y opositores bolivianos.
