David Ovando y Marcelo Blanco

Una lectura adversa generó entre un grupo de especialistas la propuesta que hizo el presidente Luis Arce Catacora de desarrollar un referéndum para que la ciudadanía decida sobre tres asuntos cruciales para la estabilidad económica, política y social del país: la subvención a los hidrocarburos, la redistribución de escaños y la reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente de Bolivia.

El anuncio fue hecho al término de su discurso a propósito del 6 de Agosto (ver minuto 1:37:27) y en momentos en que una  económica afecta al país por la falta de dólares, la elevación de los precios en los mercados y la escasez de combustibles.

Subvención a los hidrocarburos

Desde 2004, el precio de los combustibles está subvencionado en Bolivia, una política asumida por el gobierno de turno con el propósito de evitar que la gente sienta los efectos de la inflación.

A finales de 2010, el entonces presidente Evo Morales trató de eliminar la subvención al diésel y la gasolina, pero a los días tuvo que recular por la presión social.

Hoy, el tema se discute nuevamente en las esferas del poder y entre los analistas, con posiciones encontradas sobre la pertinencia o no de tomar una decisión al respecto.

El 2023, el Gobierno destinó un total de Bs 12.678 millones a la subvención, una cifra alarmante considerando que lo proyectado en el Presupuesto General del Estado (PGE) era de Bs 7.642 millones. Es decir, se gastó 66% más de lo estimado.

Según el sitio especializado en temas de hidrocarburos Global Petrol Prices, el precio de la gasolina en Bolivia es uno de los más baratos del mundo.

En las últimas semanas, el país siente los efectos de la escasez de diésel y gasolina, lo que ha desatando dudas sobre la pertinencia de mantener o no la subvención. En ese contexto, Arce planteó que sea la ciudadanía la que decida sobre futuro del precio de los hidrocarburos.

Al respecto, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que lo que Bolivia necesita es un cambio del modelo económico y que se asuman medidas contundentes para atraer inversiones directas en segmentos como el litio, la minería, los hidrocarburos y el turismo, entre otros.

«El referendo no resuelve nada. Está a destiempo y nos va a costar mucha plata. No tiene sentido, es un absurdo, (Arce) solo está queriendo ganar tiempo y después le va a pasar la posta a la ciudadanía. Ellos (las autoridades de gobierno) tienen que definir, están en un momento crítico. Hasta que haya un referendo nos vamos a matar por un litro de diésel», opinó.

Ríos propuso desburocratizar y evitar toda «tramitología» para que sean los privados quienes importen combustible para autoconsumo. «Ese es el primer paso que debemos dar de forma urgente para que YPFB no nos desabastezca», indicó.

Por su parte, el analista en temas económicos Joshua Bellott consideró que un referéndum de este tipo busca dejar en manos de la ciudadanía una decisión crucial. «El presidente nos está diciendo que se va a seguir subsidiando la gasolina y se va a vender gasolina más cara con mayor octanaje a precio internacional. Hasta aquí, hay una retirada parcial de la subvención, pero se va a preguntar a la gente si quiere retirar esa subvención».

El analista cuestionó el resultado que pudiera salir de un referendo de este tipo, ya que a la población jamás le convendría que suba de precio. «Obviamente, a cualquier gobierno le conviene retirar la subvención, en cambio, a la sociedad no le conviene que le retiren la subvención, es un absurdo», señaló Bellott.

Acotó que la única manera de que la población este dispuesta a que se retiren la subvención es que el Ejecutivo no logre resolver el problema de desabastecimiento de gasolina y diésel.

«Parece que el gobierno está dispuesto a mantener hasta enero el desabastecimiento (fecha tentativa para el posible referéndum) para que la gente, por su propia cuenta, pida retirar la subvención a los hidrocarburos», agregó.

En criterio de Bellott, el gobierno busca lavarse las manos para no tener que tomar una decisión difícil como esta y trasladarla a la población. «Obviamente, la gente no va a querer levantar la subvención. ¿Quién quiere gasolina más cara? Nadie», cuestionó.

Los escaños parlamentarios con mira a los resultados del Censo 2024

La segunda propuesta de Arce es lanzar una preguntar relacionada al artículo 146 de la Constitución Política del Estado y a la distribución de escaños, esto en el marco de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, que deben ser publicados a finales de agosto. Arce no aclaró específicamente cómo sería la pregunta, pero destacó que lo que se busca es «evitar que (los resultados) sean utilizados como instrumento político».

El artículo 146 de la CPE establece cómo está conformada la Cámara de Diputados y la distribución de representantes por población y extensión territorial; datos que serán actualizados con los resultados del Censo 2024.

Para los analistas políticos Rolando Schrupp y Marcelo Silva, Arce busca evitar que se asignen más escaños en el Legislativo al departamento de Santa Cruz y que estos se mantengan en la región occidental.

Schrupp destacó que el mandatario habla de una polarización con la finalidad de manipular emocionalmente a la población votante. «No tiene problema en profundizar las brechas regionales y las injusticias para capitalizar el voto de lo que él cree que es su electorado cautivo, concentrado alrededor de plaza Murillo», dijo.

Mientras que Silva aseguró que Arce busca evitarse problemas a futuro con Santa Cruz, ya que es un departamento que se ha mostrado opositor a su mandato.

«Yo creo que va a ser muy difícil por temas electorales que Arce llegue a tener conflictos con La Paz, Oruro y Potosí, departamentos que probablemente pierdan escaños. Pero, al mantener los escaños y no dárselos a Santa Cruz, Santa Cruz podría presentar una gran conflictividad regional», analizó.

Silva consideró que, al ver una «debilidad endémica» en su gobierno, Arce es consciente de que al conocerse los resultados del censo podría tener una «bomba de tiempo al momento de hacer una redistribución de los escaños».

La reelección continua y discontinua del presidente de Bolivia

El tercer punto que el presidente Arce pretende que se resuelta en un referéndum es el referido a la reelección de presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En sus palabras: «Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y economía de las familias bolivianas, es importante precisar el carácter de la reelección estipulada en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado».

Dicho artículo señala lo siguiente:

En criterio de los analistas, con esta propuesta Arce busca librarse del conflicto que lo enfrenta al expresidente Evo Morales, quien busca ser candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para las próximas elecciones generales en 2025.

Para Schrupp⁠ «⁠Arce se quiere lavar las manos sobre el articulo 168, a pesar de existir una Sentencia Constitucional (1010/2023) que ya lo tiene como materia juzgada y sometido a control de convencionalidad y de cumplimiento obligatorio».

En esa misma línea, Silva consideró que el presidente busca eliminar el problema que le ha representado en su mandato el líder del MAS. «El fantasma de Morales ha sido el problema político más fuerte que ha tenido el gobierno de Arce y también, al parecer, como no pudo resolverlo está pidiendo que sea la ciudadanía, la gente la que resuelva el problema de Morales».

Al poco tiempo del inicio de la presente gestión de gobierno, el oficialismo comenzó a dar señales de una dislocación interna, al punto que ahora dos facciones —los llamados «arcistas» y «evistas»— se enfrentan abiertamente en diversos escenarios de la política.

La crisis del Poder Judicial y la retardación de la elección de los magistrados es uno de los efectos de la aparente ruptura. En su último día de mandato legal y antes de prorrogarse, los magistrados anularon la resolución que establecía que la reelección era un derecho humano, tal como había apelado Evo Morales para repostularse en los comicios de 2019.

Por ahora, el proceso de las judiciales avanza lentamente en la Asamblea, en medio de denuncias de favoritismo a algunos postulantes.

Es en ese contexto que los cuatro analistas califican la propuesta de Luis Arce como una medida que le permitiría ganar tiempo y «lavarse las manos» para que sea la gente la que tome la responsabilidad de decidir sobre problemáticas que no logró gestionar.

La entrada Expertos ven que Arce busca ganar tiempo y evadir problemas al proponer un referéndum sobre 3 temas cruciales se publicó primero en Bolivia Verifica Elecciones.

Las cuatro preguntas para el referendo propuestas por el Gobierno de Luis Arce Catacora que fueron enviadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), provocaron diversas reacciones sobre su legalidad; en ese contexto, consultamos a cuatro constitucionalistas, quienes en su análisis consideraron que dichas consultas no van de la mano con la propia Constitución Política del Estado (CPE). En este explicador te contamos a detalle.

En defensa de la propuesta gubernamental, el ministro de Justicia Iván Lima Magne mencionó en una conferencia de prensa el pasado 21 de agosto al artículo 7 de la Constitución Política del Estado (CPE), al artículo 18 de la Ley 026 de régimen electoral y al Pacto de San José para respaldar la legalidad de la eventual convocatoria a un referendo consultivo.

En un mensaje presidencial al país, el presidente de Bolivia propuso el 6 de agosto la realización de un referéndum en la misma fecha de las elecciones judiciales para definir: la redistribución de los escaños parlamentarios, la reelección presidencial continua o discontinua y si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos.

El TSE se pronunció el 21 de agosto sobre las preguntas y cuestionó las cuatro planteadas. En respuesta, el Gobierno anunció que modificará las preguntas 1, 2 y 3, además confirmó que retirará la consulta sobre el aumento de escaños parlamentarios.

Los cuatro constitucionalistas consultados coincidieron por separado que las preguntas propuestas que aún quedan violan la CPE.

Las preguntas

Estas son las tres preguntas para el referendo que planteó el Gobierno de Arce:

Pregunta 1

1.- ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?

Respuesta: Sí – No.

2.- ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

Respuesta: Sí – No.

3.- ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

Respuesta: Sí – No.

La cuarta pregunta que fue retirada por las observaciones del TSE planteaba modificar el artículo 146 numeral I de la Constitución para incrementar el número de diputados, de forma que ningún departamento pierda su actual representación con los resultados del último censo.

“Inconstitucional e ilegal”

Los cuatro juristas entrevistados por Bolivia Verifica aseguraron que las preguntas que planteó el Gobierno de Arce son “inconstitucionales e ilegales”.

El abogado Eduardo Hurtado fue claro al explicar que las preguntas 1 y 4 son inconstitucionales, mientras que la 2 y 3, son ilegales.

Indicó que la pregunta sobre la reelección y la relacionada con los escaños son inconstitucionales, porque ambas implican una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE).

“La CPE dice que se puede reformar la Carta Magna, de forma parcial, cuando hay una iniciativa popular o a través de la aprobación de la Asamblea Legislativa mediante ley”, explicó.

Las preguntas 1 y 4, según Hurtado, requieren obligatoriamente una reforma parcial de la Constitución.

Esta misma observación hizo el TSE, pero solo sobre la consulta de escaños. En su informe advirtió que al estar redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino uno constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o ley avalada por los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El constitucionalista Williams Bascopé coincidió con Hurtado y aseguró que si el gobierno busca una reforma parcial de la CPE, solo se la puede hacer por una iniciativa ciudadana o legislativa en la Asamblea.

Agregó que aunque el Gobierno diga que el referendo que plantea es consultivo, la primera pregunta, a la larga, si gana el Sí, va a implicar modificar la CPE.

Para el abogado Jorge Quiroz, cualquier modificación de la CPE, parcial o total, tiene que ser aprobada mediante un referendo, pero con otro tipo de convocatoria, en la que no puede estar involucrado el Órgano Ejecutivo.

“Ahora queremos preguntarle al pueblo en un referéndum qué es lo que queremos o lo que buscamos y después no nos va a alcanzar el tiempo, y se tendrá que hacer otro referendo. Esto es como un huevo frito en chairo”, apuntó.

Preguntas “ilegales”

La jurista Kathia Saucedo aseguró que las preguntas 2 y 3, relacionadas sobre la subvención del precio de la gasolina y el diésel, son “una trampa”.

“Nos quieren preguntar, si estamos de acuerdo con mantener la subvención como actualmente se encuentra, pese al gran coste económico que significa para los bolivianos, que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible”.

Es decir, la analista indicó que mediante estas preguntas se pretende responsabilizar a la población sobre esas problemáticas.

Para Saucedo, las preguntas 2 y 3 son una falta de respeto. “Considero que para decidir este tema tenemos un gobierno. Son medidas de carácter económico que son los responsables de tomar ¿Por qué nos quieren trasladar a nosotros la responsabilidad?”, cuestionó.

Hurtado, en tanto, fue contundente al afirmar que las preguntas 2 y 3 son “ilegales”, porque van en contra de la Ley de Régimen Electoral que determina en qué casos se puede convocar a un referendo.

Citó el artículo 14 de esa ley y agregó que asuntos fiscales son atribución del gobierno y no se puede trasladar a una consulta por referendo.

“Si bien las preguntas 2 y 3 no son inconstitucionales, van contra la Ley 026 que es fundamental. El tema de la subvención es una competencia privativa, quien regula los precios es el gobierno central”, explicó.

Quiroz opinó en la misma línea de Hurtado. “Las preguntas 2 y 3 tienen que ver con las actividades fiscales del Estado y mediante un referendo no es la forma de tratarlas. La CPE establece una prohibición, donde no se pueden consultar los asuntos fiscales del Estado”.

Pregunta sobre la reelección

Para los juristas, la pregunta sobre la reelección es inconstitucional porque requiere, obligatoriamente, una reforma de la Constitución y no por iniciativa del Ejecutivo, sino ciudadana o a través de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

“Todo el referendo planteado por el actual presidente carece de la formalidad constitucional en cuanto a tiempo, forma y resultados”, dijo Quiroz. Según su análisis, este referendo busca una legalización política “del mal manejo de Estado”.

Sobre el caso de la pregunta referida a la reelección, consideró que pretende modificar la CPE y la consulta no es el camino legal.

Bascopé puso en duda la motivación del gobierno al plantear esta pregunta para el referendo consultivo. “Con la pregunta, se abre la posibilidad de que tampoco pueda haber reelección de manera discontinua, pero este tema se había zanjado, la reelección indefinida quedó claro que no existe”, dijo.

Añadió que la causa detrás puede estar relacionada con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de no aclarar, en el “por tanto” de la sentencia constitucional 1010/ 2023, donde establece que la reelección indefinida es inconstitucional y no un derecho humano. El TCP había anticipado que iba a tratar este tema específico en sala plena.

“La sentencia dejó una puerta abierta, es por eso que -tal vez- el gobierno dice que no puede esperar al TCP. O este referéndum es para cerrarle la puerta a Evo Morales o para abrirla con el fin de que evistas y arcistas se amiguen”, analizó.

Saucedo también consideró que el tema de la reelección debería estar zanjado. Citó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció “la prohibición de la reelección indefinida”, la cual es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“La opinión consultiva es una expresión interpretativa de la Convención Americana de Derechos Humanos con efecto vinculante para el Estado boliviano, que ha sido firmante”, agregó la jurista.

Es decir, los constitucionalistas encuentran que las preguntas propuestas por el presidente para el referendo anunciado no están acordes con la CPE ni las leyes vigentes.

La entrada El TSE cuestiona preguntas del referendo y 4 constitucionalistas dicen que son ilegales se publicó primero en Bolivia Verifica Elecciones.

Evo Morales Ayma tuiteó el 14 de agosto que el presidente Luis Arce Catacora “decretó” la ejecución de un referéndum, sumando así a la agenda electoral del país un nuevo proceso. Sin embargo, el dato es engañoso, porque el mandatario sí planteó este proceso para tomar determinaciones sobre temas prioritarios como la subvención de los combustibles y la reelección presidencial, pero aún no lo oficializó ni emitió un decreto supremo para viabilizarlo.

El tuit de Evo Morales dice lo siguiente:

“El Gobierno de Arce y Choquehuanca hizo de la mentira y la traición una forma de gobierno.

Acordó con el TSE eliminar las primarias y priorizar las judiciales bajo el pretexto de ahorrar recursos, sin embargo hoy por decreto suma otro proceso electoral como el referéndum“.

Referendo no fue oficializado aún

En medio de las celebraciones por el 199 aniversario de independencia de Bolivia, Luis Arce dio el pasado 6 de agosto su habitual discurso presidencial. En él habló de la situación que vive el país, la crisis que se enfrenta y propuso al final un referéndum constitucional para el mismo día de las elecciones judiciales con tres preguntas a la población:

1. Si podría haber una reelección indefinida de presidente y vicepresidente.
2. Si están de acuerdo con eliminar la subvención a los hidrocarburos.
3. Si puede haber un ajuste en la redistribución de escaños en la asamblea legislativa a fin de evitar problemas entre regiones, esto porque los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 pueden conllevar a que algunos departamentos pierden diputados.

Expertos en temas electorales han dado sus opiniones sobre el referendo con criterios divididos. La exvocal Dina Chuquimia Alvarado declaró a Bolivia Verifica que esta propuesta está “a destiempo” para incorporarla al proceso de las elecciones judiciales que  están previstas para el 1 de diciembre de 2024.

En contraste, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó ante Bolivia TV que la posibilidad está abierta y dependerá de la Sala Plena del TSE para viabilizarlo o no.

El abogado constitucionalista Daniel Valverde aclaró que el referéndum de consulta que anunció el mandatario, en específico sobre las preguntas de la composición de la Cámara de Diputados y la reelección discontinua implica una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, lo que significa que debe hacerse por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“El presidente Arce requiere aprobación de la Asamblea Legislativa por 2/3, lo cual está lejos de obtener. La Ley de Régimen Electoral en su artículo 18 establece que quien debe enviar mediante minuta de comunicación al TSE con la pregunta es la ALP. El TSE remite informe técnico con posibles propuestas de redacción. Es recién que la Asamblea envía al Tribunal Constitucional para efectos de control de constitucionalidad y con la declaratoria de las preguntas. Una vez que tenga la resolución puede convocar a referendo por 2/3 de votos de los miembros presentes”, detalló el jurista.

En ese marco el diputado del Movimiento Al Socialismo Juan José Jauregui Ururi presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción abstracta de inconstitucionalidad, para que el referéndum pueda ser decretado directamente por el presidente Luis Arce sin necesidad de convocar a una asamblea constituyente.

Este recurso lo presentó porque dos de las consultas, según expertos, ameritan una asamblea constituyente, pues buscan una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE). En el artículo 411 establece que solo una iniciativa popular o la aprobación por dos tercios de la Asamblea podrán elevar una reforma parcial.

¿Qué dice el TSE al respecto?

El vicepresidente de la Sala Plena del TSE Francisco Vargas Camacho declaró el 20 de agosto que hasta ese momento no recibieron una solicitud formal para la realización del referéndum propuesto por Luis Arce en su discurso. “Vamos a aguardar de manera respetuosa que se formalice esta solicitud para pronunciarnos al respecto”, apuntó.

Acotó que una vez tengan la solicitud van a analizar el tema y ver qué tipo de referendo se busca, los requerimientos, sus alcances y otros detalles.

El Gobierno nacional dio a conocer el 21 de agosto que de manera oficial hizo llegar al TSE las preguntas del referendo que propuso el presidente Arce.

Las preguntas son:

Para Valverde, el Gobierno nacional está violando el artículo 122 de la CPE al entregar directamente estas preguntas, cuando es la Asamblea Legislativa la que debería presentar estas interrogantes si lo que se quiere es hacer una reforma parcial a la CPE. “Están en el ámbito de la usurpación de funciones que no les compete, por lo menos, con respecto a las preguntas 1 y 4 de las publicadas”.

Recientes decretos supremos

Al revisar la Gaceta Oficial del Estado se encontró que el 14 de agosto se emitieron 10 decretos supremos, pero ninguno relacionado al referéndum, sino a temas de coyuntura como son los incendios en diferentes regiones del país y otros de obras.

Versión de Evo Morales

La comunicadora de Evo Morales dijo a Bolivia Verifica que su comentario hace alusión a declaraciones de la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón Merubia. Al revisar las conferencias de prensa que dio en esa fecha ante los periodistas, no se encontró que haya informado sobre la promulgación de un decreto para el referendo.

Gabriela Alcón sí se refirió al referendo, pero informó que existe un grupo jurídico encargado de armar las preguntas y que con esta medida buscan que “la población participe en decisiones estructurales del país”.

Por todo lo expuesto, es cierto que el presidente Luis Arce propuso un referéndum paralelo a las elecciones judiciales y pretende oficializarlo con un decreto supremo, pero no es real que el 14 de agosto haya sido promulgado u oficializado.

Actualmente sigue siendo una propuesta y recién fue enviada el 21 de agosto al TSE con las preguntas para definir el tipo de referendo que se quiere efectuar.

La entrada Luis Arce aún no emitió un decreto para el desarrollo del referéndum se publicó primero en Bolivia Verifica Elecciones.

La redistribución de escaños, derivada de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, presagia conflictos regionales por el aumento de curules en la Cámara de Diputados para un grupo de departamentos y la reducción para otros. Y ahora que el presidente Luis Arce propuso un referéndum para consultar a la ciudadanía por este asunto, el tema ya es motivo de debate.

En medio de este panorama, surge una propuesta gubernamental para aumentar el número de escaños, pero ¿qué impacto puede tener? En este explicador te mostramos qué dice la norma vigente, además de consultar a expertos en política.

El ministro de Justicia Iván Lima Magne propuso “romper el candado” de los 130 diputados y ampliar la cifra de legisladores “para que ganen los que tengan que ganar, pero que nadie pierda”.

“Necesitamos romper el candado, ya no tener el límite de 130 escaños y permitir que el órgano técnico, que es el Tribunal (Supremo) Electoral, con base a los resultados del censo, le plantee al pueblo boliviano la composición, de manera que no se afecten los criterios de proporcionalidad y representación”, dijo el ministro el 9 de agosto en una entrevista al medio DTV.

Para conocer el alcance que pueda tener esta medida se consultó a dos analistas políticos en temas electorales, quienes cuestionaron por separado la propuesta gubernamental de subir la cifra de legisladores.

El analista político Mario Galindo cuestionó el planteamiento de Lima y dijo que si se incrementa la cifra de diputados, porcentualmente la representación también baja, y en ese marco “se perjudicará a Santa Cruz”, que viene a ser el departamento con mayor población, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Galindo dijo que se deben cumplir las normas “suponiendo que Santa Cruz gana cinco escaños y Chuquisaca o Potosí pierden a uno o dos y La Paz uno; se debe cumplir con esa norma”.

Señaló que debe cumplirse la ley, y si hay regiones que perdieron población, “pierden representantes”, si ganaron población “ganan representantes”.

Para Galindo, aplicando la norma se prevé que la representación urbana gane peso versus la rural, porque en las ciudades está el 75% de la población y, en la zona rural, solo el 25%. En la actual representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el área rural tiene 40% de representación y la urbana 60%.

La representación territorial que es por medio de senadores también debe modificarse, agregó Galindo, “porque es una exageración tener cuatro senadores por departamento, debemos volver al sistema anterior, dos por mayoría y uno por minoría”.

“Se debe cumplir la norma”

La analista y politóloga de la Fundación Jubileo Sandra Verduguez opina que la postura de Lima no es acertada porque existe un marco legal, señalado a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la Ley de Distribución de Escaños.

“En este caso, el Órgano Electoral debe cumplir con la norma por la cual se prevé una pérdida de escaños para aquellos departamentos que han perdido población o viceversa para aquellos departamentos que han recibido nuevos migrantes”, explicó.

“El hecho de romper el candado y buscar más escaños, lo único que va a hacer es agrandar el problema a largo plazo. Es una solución simple para no generar conflictos y no pelarse con nadie”, analizó.

Verduguez indicó que, paralelamente, se debe ver si los 130 escaños actuales cumplen realmente su función y si hay calidad en la representación, lo que ocurrirá si se cumple la ley con los nuevos datos poblacionales.

¿Qué dice la Constitución?

Según el artículo 146 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros y la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional.

El Ministerio de Justicia cree que se puede adecuar su propuesta a la legislación vigente.

La normativa por ahora contradice la propuesta gubernamental y los especialistas en política consultados para este trabajo, consideran que la medida no sería la adecuada. 

La entrada Propuesta gubernamental de aumentar escaños en el Legislativo contradice normativa y expertos sugieren no tocar la CPE se publicó primero en Bolivia Verifica Elecciones.

En medio de una dura crisis económica y alta tensión política, el presidente Luis Arce sorprendió este 6 de agosto al anunciar que planteará una consulta popular sobre temas cruciales para el futuro económico y político del país.

“Momentos difíciles requieren de decisiones firmes, maduras, reflexionadas y de seres humanos que no desfallezcan. y este es precisamente un momento de esa naturaleza, por tal motivo y fiel al compromiso con la patria, con el pueblo y por vías democráticas planteo la convocatoria a un referéndum en la fecha en que se desarrollen las elecciones judiciales”, dijo la autoridad al término de su mensaje a la nación en conmemoración de los 199 años de independencia de Bolivia.

Los temas que el Jefe de Estado propone poner a consideración de la ciudadanía son:

• Subvención de los hidrocarburos: “Para decidir con el pueblo si se mantiene o no”.

• Escaños parlamentarios: “Con miras a los resultados que dará el Censo 2024 a ser publicados a fin de mes y para evitar que sean utilizados como un instrumento político de confrontación entre bolivianas y bolivianos, proponemos que otra de las preguntas esté referida al artículo 146 de nuestra Constitución Política del Estado (CPE) y la cantidad de escaños”.

• Reelección continua o discontinua de presidente y vicepresidente: “Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias es importante precisar el carácter de la reelección estipulada en el artículo 168 de nuestra Constitución”.

Qué dice la ley sobre un referéndum

Legal y administrativamente, ¿es posible llevar adelante esta propuesta? ¿Qué dice la norma?

1. ¿Qué es un referéndum?

El capítulo I de la Ley del Régimen Electoral, de junio de 2010, establece que “es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual las ciudadanas y los ciudadanos deciden sobre normas, políticas o asuntos de interés público mediante sufragio universal”.

2. ¿Puede el presidente convocar a uno?

Un referéndum puede ser convocado mediante iniciativa popular o estatal, es decir por el presidente o presidenta o por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El jefe o jefa de Estado lo hará mediante Decreto Supremo y la ALP mediante Ley del Estado aprobada por dos tercios (2/3) de los asambleístas presentes.

Si fuera una propuesta ciudadana, el procedimiento demandaría el apoyo de por lo menos el 20% de las personas que conforman el padrón nacional electoral al momento de la iniciativa. Con ese fin deberían llenar cuadernos con las firmas y las huellas dactilares de las y los interesados.

3. ¿Qué procedimientos debería seguir el presidente para llevar a cabo su iniciativa?

A fin de convocar a un referéndum, el mandatario deberá remitir una nota al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la evaluación técnica de las preguntas que se realizarán, esta instancia deberá responder en el plazo de 72 horas.

Posteriormente, el presidente deberá enviar las preguntas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control de constitucionalidad. Una vez recibida la respuesta, y si esta fuese positiva, Arce puede emitir un decreto supremo de convocatoria. Si el TCP indica que la iniciativa es inconstitucional, el proceso finalizará ahí.

4. ¿La consulta sería en el ámbito nacional?

Sí. Dado el interés nacional de las temáticas propuestas por Arce, el referéndum se llevaría a cabo en todo el territorio nacional.

5. ¿Cómo es el escrutinio en un referéndum y qué alcances tienen los resultados?

Los resultados del serán válidos si votaron por lo menos 51% de las electoras y electores de la circunscripción electoral (en este caso nacional) y si los votos válidos son más que la sumatoria total de los votos blancos y nulos.

La opción que obtenga la mayoría simple de votos válidos emitidos será la ganadora.

Las decisiones que se tomen tienen un carácter vinculante, es decir que tienen vigencia inmediata y obligatoria, y las autoridades competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación.

El inciso e del Artículo 21 de la Ley de Régimen Electoral dice que “el Tribunal Supremo Electoral remitirá los resultados a la autoridad competente, para su cumplimiento y ejecución”.

6. ¿Con qué frecuencia se puede realizar un referéndum?

Según la Ley del Régimen Electoral, “solamente se podrán realizar, en cada período constitucional, un referendo por iniciativa estatal del Presidente/a del Estado Plurinacional, un referendo por iniciativa estatal de la Asamblea Legislativa Plurinacional y un referendo por iniciativa popular”.

El periodo constitucional es el tiempo por el que fueron elegidas las autoridades, lo que significa que el primer mandatario solo puede convocar a una consulta durante la vigencia de su gobierno.

7. ¿Cómo se financia un referéndum?

En este caso, el presupuesto para la realización de este evento a nivel nacional proviene del Tesoro General del Estado (TGE). Cuando la consulta es regional o local, demanda de recursos departamentales o municipales.

Dina Chuquimia y Tahuichi Tahuchi divergen al respecto

La exvocal electoral Dina Chuquimia conversó con Bolivia Verifica sobre la posibilidad de que se convoque y lleve a cabo un referéndum en paralelo a las elecciones judiciales. La exautoridad, que fue sustituida por Arce en abril reciente, desahucia esta idea. Aquí su análisis y punto de vista al respecto:

“Bueno, en este momento la ley contempla que no debería haber elecciones de manera simultánea, ni cruzada ni paralela. Eso es parte de la Ley de Régimen Electoral 026 que indica que no debería haber.

Y es, precisamente, este tema el que ha obligado a los partidos y las organizaciones políticas a decidir, en las últimas semanas que, al menos por esta vez no haya primarias, para darle prioridad a las elecciones judiciales que es un proceso de alcance nacional.

En el caso de las primarias es un tema a nivel de partidos políticos, solo entre militantes, y si le han dado prioridad a las judiciales, pues en este momento mal podría llevarse adelante un proceso de referéndum para plantear las tres consultas que ha propuesto el presidente.

Ahora, de hacerlo, primero tendrían que modificar la Ley 026 en el artículo específico que indica que no se pueden llevar adelante dos procesos electorales de alcance nacional.

En mi criterio, estamos a destiempo porque las elecciones judiciales se van a lanzar en los próximos días y dudo que la Asamblea Legislativa haga las modificaciones pertinentes a la Ley 026″.

Por su parte, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, en declaraciones a Bolivia Tv, dejó abierta la posibilidad de hacerlo, aunque dijo que el análisis le corresponde a la Sala Plena del TSE:

“Estamos, de momento, con una actividad importante, que es llevar adelante las elecciones judiciales. Este proceso electoral debe realizarse cuanto antes, pero arrancará cuando la Asamblea remita oficialmente la lista de precandidatos para este proceso electoral.

A eso agrego la propuesta dicha por nuestro presidente del Estado plurinacional para ese mismo día se produzca tres referendos. Institucionalmente vamos a pronunciarnos como sala plena (del SE), pero puedo dejar entrever que sí es viable porque va a ser una jornada electoral en la que se puede aprovechar recursos (…).

(En lo referente a la consulta sobre la redistribución de escaños) hay que entender que ahora tenemos un tope de 130 diputados distribuidos en los 9 departamentos, pero acabamos de tener un censo de población que va a implicar que algunos departamentos pierdan y otros departamentos ganen (escaños). Eso puede acarrear conflictividad social, ningún departamento quiere perder escaños, por esa razón creo que es una salida democrática para que los bolivianos definamos en las urnas si queremos aumentar el número de escaños sobre la base de los 130″.

En qué está el proceso para las judiciales

El 5 de agosto de 2024, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó las listas de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

La ALP debe remitir las listas en un plazo de 48 horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y este iniciar el proceso electoral que tiene como fecha tentativa el 12 de enero de 2025.

“Una vez remitidas las listas al Tribunal Supremo Electoral, el mismo llevará a cabo el proceso de elección en el plazo de hasta ciento cincuenta (150) días”, indica el Artículo 42 de la “Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024”.

Y por su te interesa ver el discurso presidencial, aquí puedes acceder a él:

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