La reciente etapa electoral en Bolivia estuvo marcada por ataques, desinformación y una intensa guerra sucia entre las organizaciones políticas, especialmente en redes sociales. Pero, además de ese clima de confrontación, un grupo de mujeres candidatas debió librar una batalla adicional: se convirtieron en blanco de insultos misóginos destinados a desacreditar su participación política. Entre las palabras más usadas contra ellas figuran “loca”, “amante” y “perra”, según un informe elaborado por la Fundación Internet Bolivia y MonitorA Bolivia.

El estudio, titulado «Locas, Putas y Jairas: radiografía de la violencia política digital contra candidatas en Bolivia» y presentado el 15 de octubre, analizó más de 850 comentarios con expresiones de violencia política digital publicados en YouTube, Facebook y TikTok. El monitoreo se centró en el discurso dirigido a 28 mujeres candidatas —muchas de ellas hoy electas—, incluyendo postulantes a la vicepresidencia, el Senado y la Cámara de Diputados.

Al respecto, Patricia Flores Palacios, magíster en Ciencias Sociales y feminista queer, considera que estos insultos son el reflejo de un sistema misógino y machista que históricamente ha desvalorizado el trabajo y la voz de las mujeres.

La experta explica que este tipo de violencia simbólica busca «devolverlas al ámbito privado y reafirmar los mandatos tradicionales que las confinan al hogar», reproduciendo así el orden patriarcal que las excluye de los espacios de poder y decisión.

Flores sostiene que socializar las normativas vigentes, visibilizar y denunciar cada acto de violencia, y fortalecer redes de apoyo y acompañamiento a las víctimas son acciones fundamentales para transformar el entorno hostil que las mujeres aún enfrentan en la vida pública.

Por su parte, Evelyn Callapino, politóloga, historiadora y activista feminista de Mujer de Plata, señala que el cuerpo y la sexualidad de las mujeres continúan siendo los principales territorios de control del patriarcado.

En una sociedad donde la política se asocia con la masculinidad y el poder, «cada vez que una mujer ocupa ese espacio se la castiga simbólicamente a través de su cuerpo y su imagen», afirma.

Callapino subraya que para revertir estas formas de violencia es indispensable que las organizaciones sociales visibilicen estos patrones, generen información crítica y construyan narrativas que cuestionen el machismo.

«Loca», el insulto más recurrente para atacar a candidatas 

Las candidatas que recibieron mayor cantidad de comentarios ofensivos en los espacios monitoreados fueron Eva Copa (101), Mariana Prado (229), Susana Bejarano (33) y Soledad Chapetón (20).

De acuerdo con MonitorA Bolivia, el término «loca» fue el más utilizado (39,1%), seguido de «amante» (11%) y «perra» (10,4%). Los dos últimos, además, presentan una fuerte connotación sexual.

En el siguiente cuadro verás otras palabras usadas en contra de las candidatas o figuras públicas que hicieron noticia en la etapa electoral:

El informe explica que la palabra «loca» se ha utilizado históricamente como una forma de silenciamiento muy vinculada a estereotipos de género. Este término funciona como un mecanismo de descalificación frente a cualquier comportamiento femenino que no se ajuste a los roles asignados socialmente, especialmente cuando se trata de mujeres en la política o en posición de liderazgo.

«Aunque a simple vista pueda parecer inofensiva, su utilización persigue restar valor, desacreditar o desprestigiar las acciones, posturas y discursos de las mujeres en el espacio público», se lee en el informe.

Esta palabra también se emplea en comentarios que buscan ofender a los candidatos hombres, lo que revela el trasfondo de un estereotipo de género y busca añadir una carga denigrante.

«No es la palabra ‘loco’ lo que resulta ofensivo, sino su forma femenina, que busca desde la perspectiva de quién la utiliza añadir una carga denigrante. Esta estrategia proetende humillar al hombre al asociarlo con atributos considerados ‘inferiores’ según normas sociales. En este marco, emplear un término femenino para referirse a un hombre tiene una intención evidente, desprestigiarlo vinculándolo con aquello que la sociedad percibe como débil o humillante», dice el documento.

El reporte señala que el uso de insultos feminizados contra hombres políticos funciona como una estrategia discursiva que reproduce un orden de género jerárquico. Explica que, al asociarlos con lo femenino, considerado en la cultura patriarcal como subordinado y débil, se los deslegitima políticamente y se refuerza la idea de que lo femenino y lo sexualizado ocupan un lugar degradado en la jerarquía del poder.

«Incluso cuando los hombres son el blanco, las mujeres y lo femenino permanecen como el referente negativo que sostiene la agresión», se cuestiona desde el informe.

 

Sexualización y deslegitimación

Los términos «amante» y «perra» evidencian una estrategia recurrente para desacreditar a las mujeres políticas y centrar la atención en su vida privada en lugar de su acción pública. Mientras los hombres son criticados por su gestión, a las mujeres se las ataca mediante insinuaciones sexuales o afectivas, observa el reporte.

«Se construye socialmente la idea de que su participación depende de vínculos amorosos con hombres, cuestionando su autonomía y capacidad de decisión».

En el caso de «perra», el estudio afirma que esta palabra refuerza estereotipos sexuales que cosifican y degradan a las mujeres, situándolas como subordinadas o disponibles para el deseo masculino. Habitualmente, se emplea para referirse a mujeres consideradas promiscuas y, en ese sentido, se convierte en un recurso para cosificarlas, sexualizarlas, degradarlas y deshumanizarlas, cuestiona el informe.

«En los comentarios analizados se evidencia una representación en la que las mujeres políticas son percibidas como subordinadas o a disposición de los hombres, reforzando la idea de que deben obedecer y actuar conforme a las expectativas masculinas», se lee.

Este primer reporte también hace referencia al término «irrespetuosa», que evidencia cómo ciertos mensajes están dirigidos específicamente hacia mujeres en espacios de visibilidad pública. La mayoría de estos comentarios se dirigieron a entrevistadoras reconocidas, como Cecilia Bellido, María Galindo y Jimena Antelo, figuras públicas que destacan por el carácter crítico de sus entrevistas.

La misoginia como herramienta de poder

Este análisis concluye que la violencia política digital se manifiesta a través de comentarios misóginos, es decir motivados por el odio a las mujeres, que buscan deslegitimarlas y silenciarlas en los espacios de poder. El estudio identifica el uso de estereotipos de género como mecanismos simbólicos de control.

La investigación señala que palabras como «loca» asocian a las mujeres con la irracionalidad y la falta de lógica, descalificando sus opiniones y liderazgo.

Además, advierte que otros términos, como «amante» o «perra«, reducen su participación política a su vida íntima o a su relación con los hombres, negando su autonomía y trasladando el debate público al terreno sexual y privado.

En conjunto, el estudio evidencia que la violencia política digital reproduce las desigualdades de género y consolida el dominio masculino en la esfera pública, utilizando la misoginia como una herramienta de poder para limitar la participación política de las mujeres.

Analistas proponen: visibilizar y educar para transformar

Las expertas Patricia Flores y Evelyn Callapino coinciden en que los ataques hacia mujeres en los espacios públicos no se centran en su trabajo o propuestas, sino en su cuerpo, su moral o su vida privada, y proponen acciones concretas para tratar de desmontar estas narrativas que se instalan en el imaginario social.

Flores explica que los insultos sexualizados reflejan un sistema misógino y machista que históricamente ha desvalorizado el trabajo de las mujeres y que, además, busca devolverlas al espacio privado o al hogar, lugares que el patriarcado les ha asignado durante siglos.

«La presencia femenina en la política o el periodismo subvierte el orden machista, donde la vida pública sigue considerándose ‘territorio masculino’. Si una mujer es joven, indígena, madre, mayor o embarazada, la sospecha social es aún mayor. Lo preocupante es que, mientras no cambie este andamiaje cultural, el ataque siempre irá dirigido a su condición de mujer, no a su profesionalidad, capacidad intelectual o trabajo, sea el campo que sea, más allá de lo doméstico», afirma.

La analista también señala que el uso de la palabra «loca» es un recurso milenario del patriarcado para restar credibilidad a las mujeres que se exponen públicamente.

«Vivimos en una sociedad profundamente machista, racista, clasista y misógina. Romper ese techo implica que la violencia verbal —como llamarlas ‘locas’, ‘histéricas’ o ‘desubicadas’— siga siendo el primer recurso para despojarlas simbólicamente de derecho y legitimidad», cuestiona.

La especialista afirma que Bolivia cuenta con «leyes suficientes», como la propia Constitución Política del Estado, que garantiza la igualdad y la no discriminación; la Ley Nº 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; la Ley Nº 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, además de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Sin embargo, advierte que el problema no radica en la falta de normas, sino en el desconocimiento de los derechos y el incumplimiento de la justicia.

«Hoy, buscar justicia es un calvario para la mayoría de mujeres agredidas…. el sistema judicial —como decía Galeano— es como una serpiente que pica a las más débiles», lamenta.

Para revertir esta situación de violencia, propone tres acciones clave:

1. «Primero, dar a conocer la normativa, exigir el cumplimiento de las leyes existentes».
2. «Segundo, visibilizar y denunciar cada acto de violencia y construir redes de apoyo para las víctimas».
3. «Tercero, educar y formar en igualdad desde todos los niveles de la sociedad, empezando por los servidores públicos y operados de justicia, incluyendo campañas de largo alcance y sostenidas».

«Sin sororidad ni justicia real, el espacio público seguirá siendo hostil para las mujeres», concluye.

Por su parte, Evelyn Callapino advierte que el cuerpo y la sexualidad de las mujeres siguen siendo territorios de control del patriarcado, y que estos ataques buscan deslegitimar sus discursos reduciéndolas a su apariencia o a estereotipos sexuales, invisibilizando sus propuestas. Además, señala que las redes sociales amplifican esta violencia, mostrando el rostro del machismo en la sociedad boliviana.

«En general, la cultura política en Bolivia es bastante básica: no se discuten ideas ni propuestas que respondan a las necesidades de la sociedad, y cuando eres mujer eso se agrava», cuestiona.

Callapino también explica que el uso del término «loca» para insultar a hombres, ocurre porque «en nuestra cultura lo femenino está subordinado y, por lo tanto, se utiliza como insulto».

«Cuando a un hombre se le dice ‘loca’, se le asocia con rasgos de sensibilidad o descontrol, lo que en realidad es una forma de feminizarlo y degradarlo. Es una muestra clara de cómo la misoginia atraviesa toda la sociedad: incluso los ataques entre hombres se construyen desde el desprecio hacia lo femenino. Y muchas veces se disfraza con humor, lo que también contribuye a naturalizar esa subordinación», cuestiona la experta.

Coincide con Flores en que leyes como la Nº 243 y la Nº 348 representan avances importantes, pero su aplicación sigue siendo débil. Añade que es urgente trabajar en la regulación digital y en políticas públicas sostenidas.

«No basta con tener leyes: hay que cumplirlas. El Estado debe fortalecer los mecanismos de denuncia, sanción y reparación, y apostar por políticas públicas sostenidas. La regulación digital es urgente, pero sobre todo necesitamos procesos de despatriarcalización y educación crítica que transformen los imaginarios desde la raíz», enfatiza Callapino.

Aunque reconoce que este tipo de ataques no desaparecerán de inmediato, considera que es posible disputar el sentido común y transformar la cultura política.

Para ello, propone:

• «Desde las organizaciones tenemos la tarea de visibilizar estos patrones de violencia, generar información y narrativas que cuestionen el machismo».
• «El arte, la comunicación y la educación popular son herramientas poderosas para transformar los imaginarios que legitiman la violencia digital y construir espacios más seguros y democráticos para las mujeres».
• «Revertir esto implica construir nuevas formas de poder basadas en la empatía, la diversidad y la justicia. No se trata solo de proteger a las mujeres, sino de democratizar el espacio público para todas las voces».

Finalmente, Callapino recuerda que «la violencia política digital no es solo un problema de redes sociales, sino el reflejo de una estructura que sigue negando el derecho de las mujeres a decidir, opinar y liderar».

Una alcaldesa como sujeto de sexualización y exclusión social

La candidata que recibió mayor cantidad de ataques fue la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien también postuló a la presidencia por su partido, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena). Según el reporte, en este caso se recopilaron y analizaron 101 comentarios en distintas plataformas digitales.

Las expresiones de violencia política digital más frecuentes estuvieron vinculadas a la descalificación, la misoginia, así como al racismo y la discriminación, reflejando la persistencia de estereotipos y prejuicios en el debate político boliviano.

Las palabras más frecuentes asociadas a la candidata fueron: «pasposa», «jaira» (floja), «india», «puta» y «amante».

Según el reporte, estos términos se inscriben en distintas categorías de análisis: desde la misoginia vinculada a estereotipos sexuales, hasta la discriminación por motivos raciales y la descalificación mediante expresiones que buscan socavar la credibilidad, la capacidad intelectual o la imagen de una persona a través de insultos, ridiculizaciones o cuestionamientos de sus competencias.

Estereotipos sexuales y descalificación a una vice presidenciable

Luego de ser presentada como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Popular del Movimiento Tercer Sistema (MTS) el 19 de mayo de 2025, Mariana Prado enfrentó rechazo de algunos sectores sociales y fue objeto de ataques en las redes sociales.

El análisis del monitoreo identificó un total de 229 comentarios dirigidos contra la excandidata. De ellos, el 36,4% correspondió a expresiones misóginas, otro 36,4% a descalificación, el 17,6% a racismo y discriminación, y el 5% a ideología.

Los comentarios catalogados dentro de la categoría de misoginia se basaron principalmente en estereotipos sexuales y en la tergiversación de declaraciones realizadas por la candidata durante la campaña.

Entre las frases registradas se encuentran expresiones como «será cariñosa del Estado», «la nena cariñosa del Estado», «ridícula del Estado», «la nena de Evofilo», «cochina ch** c*** de Evo Morales», «Pero sí está está ahí por abrir las piernas al Evo, el Evo ponía de ministra según eran en la cama», «Chota del Evo».

El término «puta» fue el insulto más repetido.

Misoginia y el racismo, lo ataques hacia una candidata de El Alto

En el caso Soledad Chapetón, exalcaldesa de El Alto y ahora senadora electa por la Alianza Unidad, el estudio recolectó 25 comentarios en Facebook y TikTok. La palabra más reiterada en los comentarios fue «jaira», que es también bastante usada para agredir a la alcaldesa Eva Copa.

Otra palabra usada es «vividora», que hace referencia a que ya ha sido alcaldesa y ahora busca continuar en la función pública, explica el reporte.

«Los comentarios recopilados evidencian esta visión reduccionista, niegan a las mujeres políticas el derecho a mostrar otras dimensiones de su vida, disfrutar de su tiempo libre, compartir con amistades o cultivar intereses personales, sin ser cuestionadas ni expuestas. De esta forma, quienes se atreven a visibilizar aspectos más allá de su labor pública son descalificadas, como si su única obligación fuera el trabajo político», señala el informe.

Candidata a senadora por Alianza Popular estigmatizada

Por último, Susana Bejarano, quien en julio oficializó su candidatura como primera senadora por La Paz por la Alianza Popular, fue objeto de comentarios en los que predominó el uso del término «zurda», empleado para referirse a los partidos de izquierda.

«Su uso en este contexto trasciende la mera identificación ideológica, pues funciona como un marcador de estigmatización política, generando polarización y usando la estigmatización para normalizar la violencia política digital», se cuestiona desde el informe.

Asimismo, del 100% de los comentarios recopilados el 50% fue sobre «racismo y discriminación», el 39% a «ideología» dejando el resto a «descalificación» y «misoginia», ambas con el 5,3%.

Locas, PUTAs y Jairas

Cinco mujeres candidatas enfrentan acoso y violencia política en la carrera electoral

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Una vez más, las plataformas digitales fueron usadas como escenario de una campaña de desprestigio basada en prejuicios machistas. Un video editado y viralizado con intenciones maliciosas mostró a la diputada Diana Romero en la imagen de la «esposa celosa», y a su cuñada como una mujer “atrevida”. Este suceso evidencia la persistencia de narrativas machistas que recurren a la emocionalidad y los roles de género estereotipados como arma para socavar la imagen y autoridad de las mujeres en el espacio público.

¿Qué sucedió realmente y qué efecto generó esta desinformación? El video que fue verificado por nuestro equipo se construyó sobre una falsedad: la supuesta reacción de Romero ante el efusivo abrazo de una «fan atrevida». La realidad es que la persona en cuestión es Mireya Lara, hermana del vicepresidente Edmand Lara.

El montaje utiliza el afecto familiar —un saludo por la asunción de mando— y lo reviste de una tensión sexual y conyugal ficticia, buscando mostrar la supuesta mirada desconfiada y suspicaz de la diputada, distrayendo así de su labor pública.

El video manipulado también fue editado con textos y narración que alimentan la idea de una narrativa sentimental:

«La esposa del vicepresidente se mostró visiblemente molesta luego de que una mujer se acercara efusivamente a su esposo», señala la voz en el video.

El montaje, además, exagera la supuesta reacción de Romero mediante acercamientos y cortes que no corresponden al orden real de los hechos.

Un enfoque que trivializa el rol político de las mujeres

El video en cuestión se viralizó en TikTok y de allí fue compartido en varias redes sociales, generando cientos de miles de reacciones y comentarios. Si bien, muchos alertar que el contenido es falso, otros refuerzan la idea de un rol asignado a las mujeres: el de «vigilar» o «cuidar» a la pareja ante el «asalto» o el «atrevimiento de otras mujeres».

De este modo, Romero fue reducida a la protagonista de un incidente de «celos», lo que invisibiliza su rol como autoridad electa de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En criterio de Carla Gutiérrez, activista por los derechos de las mujeres y exdirectora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, este tipo de contenidos reproduce estereotipos que restan valor a la posición política de las mujeres y las exponen a violencia simbólica y digital.

«Los comentarios que tienen que ver con temas de celos minimizan la posición de Diana Romero como asambleísta, por el hecho que en ese momento acompañaba a su esposo», cuestionó la activista en contacto con Bolivia Verifica.

Gutiérrez también observò que la información se difundió sin contexto ni verificación, lo que contribuyó a reforzar narrativas basadas en prejuicios y estereotipos de género.

«Se ha hecho un comentario sin contexto, sin información, que ha reducido la investidura tanto del vicepresidente como de la diputada a un show por celos (…). Creo que debería cuidarse más, desde el ámbito comunicacional, esta asignación de roles y prejuicios, que minimizan la tarea que ella pueda realizar en la Asamblea», dijo.

Ley 243: una garantía para la participación política de las mujeres

Este caso se enmarca en un patrón recurrente en Bolivia: la difusión de contenidos manipulados que apelan a estereotipos de género para deslegitimar a las mujeres que ocupan espacios de decisión. En este contexto, la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres es una herramienta clave, pues garantiza el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

La norma define la violencia política como cualquier acción, conducta o agresión —física, psicológica o sexual— ejercida por una persona o grupo, de manera directa o a través de terceros, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en función pública, o contra sus familias.

Estas acciones buscan obstaculizar, restringir o impedir el ejercicio de su cargo, o presionarlas para que actúen en contra de su voluntad en el cumplimiento de sus funciones.

Para la activista Carla Gutiérrez, los medios deben evitar narrativas que reducen a las mujeres a roles domésticos o sentimentales y, en su lugar, poner el foco en sus propuestas legislativas y en su trabajo institucional.

«En general, hay que trabajar mucho el tema comunicacional, pensar que el rol de las mujeres no se limita solamente a roles familiares o a nuestras relaciones sentimentales, sino que pasan del espacio privado al público, en ámbitos donde nosotras podemos hacer ejercicio de espacios políticos, de toma de decisiones, de elaboración de propuestas, que también sería interesante que se visibilice», concluyó la activista por los derechos de las mujeres.

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En redes sociales se difunde un video que usa la imagen de la asambleísta departamental por Potosí Azucena Fuertes en una escena fabricada con el vicepresidente Edmand Lara, como si ambos estuvieran en una relación. La verificación confirma que se trata de un contenido creado con IA. Este tipo de manipulación reproduce patrones de violencia digital y estigmatización hacia mujeres que ejercen cargos públicos.

Este contenido malicioso fue compartido en la página de Facebook «Potosí de pie» y generó alta interacción, motivo por el que fue denunciado por la propia asambleísta.

En él se ve a Lara y Fuertes juntos, insinuando que hubiese alguna relación íntima entre ambos, pues se finge un beso. Además, se escucha una voz que dice:

«Samuel moviendo sus influencias para ser parte del gobierno».

De esta manera se involucra también al excandidato a la presidencia por la Alianza Unidad.

Imagen fabricada

Nuestro equipo sometió el video a verificación. Para empezar, las imágenes muestras que los movimientos de las personas que aparecen en la supuesta grabación no son naturales, lo que es una señal de manipulación.

Por otra parte, se emplearon dos herramientas de análisis digital para conocer el grado de intervención artificial, y los resultados coinciden en ambos casos. Por ejemplo, Hive Moderation determinó que existe alta probabilidad de que el video haya sido generado con IA (74%).

Bolivia Verifica también buscó la imagen empleada para crear el bulo y encontró que la fotografía corresponde a la reciente visita del vicepresidente Lara a Potosí.

En contacto con Bolivia Verifica, la asambleísta denunció que los desinformantes usaron este contenido para atacarla.

«Presumo que tomaron la foto de una publicación original y la alteraron», indicó y estaba en lo correcto. La imagen y el texto a los que hace referencia son los siguientes y están disponible en Facebook:

«Lo que está pasando no es solo una injusticia; es una forma de acoso político que hiere profundamente, porque una se esfuerza cada día por trabajar con honestidad, y duele ver cómo se manipula la información para perjudicarme», reclamó la autoridad departamental.

Por todo lo expuesto, este material que circula en redes sociales fue manipulado digitalmente. 

Violencia política, mediática y en entornos digitales

La violencia política es cualquier acción u omisión que, basada en el género de una mujer, le causa daño o perjuicio con el objetivo de limitar, anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales y su participación en la vida pública.

Es una forma de discriminación y violencia que busca mantener a las mujeres fuera de los espacios de poder o dificultar su trabajo cuando ya han logrado acceder a ellos, ya sea como candidatas, funcionarias, activistas, militantes de partidos, etc.

Qué implica:

• Descalificación basada en estereotipos: Se ataca su capacidad o habilidades para la política usando argumentos machistas, por ejemplo, diciendo que «debería estar en su casa», que es «demasiado emocional» o que no tiene la «fuerza» para el cargo.

• Ataques a la vida privada: Difusión de rumores, críticas sobre su apariencia física, o cuestionamientos a su rol como madre o esposa para desacreditar su vida pública.

• Violencia en línea o digital: Creación de campañas de desprestigio en redes sociales, publicación no autorizada de contenido íntimo (sexting o doxing), o ciberacoso con comentarios sexistas o amenazas.

La violencia sexista que ocurre en entornos digitales se refiere a toda forma de agresión, discriminación o daño ejercido a través de tecnologías digitales contra una persona por razones de género, especialmente contra mujeres y personas de la población LGBTIQ+.

Qué implica:

• Uso de redes sociales, mensajería, plataformas y herramientas digitales para hostigar, humillar o controlar.

• Reproducción de estereotipos y roles de género que buscan desacreditar o silenciar.

• Daños emocionales, reputacionales e incluso riesgos físicos fuera del mundo digital.

• Afecta la participación política de las mujeres y su derecho a expresarse o ocupar espacios públicos.

Sin embargo, y dado que el espacio que se usa para violentar los derechos de las mujeres son las redes sociales, también se puede considerar a este tipo de actos como violencia mediática en razón de género.

Esta forma de violencia es utilizada cuando la agresión ocurre mediante contenidos difundidos por medios o plataformas, incluyendo deepfakes (creaciones con IA), desinformación, titulares misóginos, sexualización, cosificación o ridiculización.

Qué implica:

• Representar a mujeres de forma estereotipada, sexista o degradante.

• Difundir material manipulado o sacado de contexto para dañarlas.

• Reforzar desigualdades y normalizar la misoginia.

Sobre el falso video de Lara y Fuertes

Según lo expuesto anteriormente, en el caso específico del video generado con IA se identifican cuatro formas de violencia:

• Violencia digital de género, porque se usa tecnología para dañarla por ser mujer.

• Violencia mediática, porque la desinformación se viraliza y afecta su imagen pública.

• Violencia política, porque se busca desacreditarla para afectar su vida y carrera pública.

• Violencia digital sexualizada, porque se emplea IA para ponerla en una situación íntima falsa.

La mayoría de estas formas de agresión están contempladas y reconocidas en dos normativas: la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y la Ley N. 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Visibilizar este tipo de ataques es fundamental porque permiten identificar patrones de violencia que afectan a mujeres que ejercen liderazgo, y evidencian la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la verificación de contenidos y los mecanismos de protección ante desinformaciones basadas en IA.

Línea política

Finalmente, se puede observar que la página desinformante (Potosí de pie) publicó varios contenidos en apoyo a los candidatos de Alianza Libre en las Elecciones Generales 2025.

«Se advierte que es una página que difunde información favorable a Tuto, Libre y Marco Pumari», dijo de su lado Fuertes.

Las imágenes que aparecen a continuación pertenecen a dicho perfil:

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Anaís Merlín Guzmán y Evelin Mayra Pinaya Condori, las diputadas suplentes electas más jóvenes de la Asamblea, se enfrentan a una ola de violencia política digital y discurso de odio. Las plataformas sociales se han convertido en el escenario de un doble escarnio que las ataca selectivamente por su condición de mujeres y su juventud, un hostigamiento que no padecen sus colegas varones de edad similar.

Expertas advierten que estas agresiones no solo vulneran sus derechos, sino que debilitan la democracia y limitan la participación de las mujeres en la política. Pero también demandan de las organizaciones políticas mayor responsabilidad, no solo para dejar de instrumentalizar las candidaturas, sino para formar cuadros capaces de asumir las responsabilidades que les corresponda, con un enfoque integral y sin improvisaciones.

Guzmán, de 18 años, fue electa como diputada suplente por circunscripción plurinominal de Santa Cruz, en representación de la Alianza Unidad. En entrevistas con medios de comunicación afirmó que actualmente cursa el segundo semestre de la carrera de Derecho.

Pinaya, de 19 años, fue electa como diputada uninominal suplente por la circunscripción 32 de Oruro, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En contacto con los medios de comunicación aseguró que estudia Economía.

Su elección las convierte en las asambleístas más jóvenes de la legislatura 2025 – 2030, situación que las ha colocado en el centro de la atención pública, pero también en blanco de críticas machistas y adultocentristas que recurren a la discriminación, los estereotipos y la violencia disfrazada de bromas para deslegitimarlas y ridiculizarlas.

Algunos comentarios —que no reproducimos para no revictimizar a las afectadas— sugieren que sus candidaturas solo pudieron deberse a supuestos padrinazgos; otros las condenan por ser «demasiado jóvenes» para asumir la responsabilidad del cargo, es decir que su edad las inhabilita para ejercer sus prerrogativas. Todo pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que su postulación y elección son legales. De igual manera, no existe información sobre su formación política, es decir, que son juzgadas solo por su género y su edad.

Las críticas refuerzan estereotipos sexistas

Patricia Flores Palacios, magister en ciencias sociales y feminista queer, considera que ambas diputadas electas representan renovación en la Asamblea Legislativa. La experta reivindica el derecho de las mujeres jóvenes a ejercer este tipo de cargos, aunque también reflexiona en sentido de que su incursión en la política debería ser con una sólida base formativa.

En todo caso, lamenta que desde el espacio digital se cuestione y deslegitime la capacidad y liderazgo de ambas asambleístas sin conocerlas, sobre prejuicios y empleando estereotipos sexistas y denigrantes.

«Ojalá esta representación sea la de una juventud informada, con tenacidad, proba y comprometida que avanza con esfuerzo, a pesar de las barreras de un paradigma adultocentrista y profundamente machista», sostiene Flores.

No solo se les critica la inexperiencia, sino también el hecho de ser mujeres, añade la especialista: Esto «evidencia un doble estándar que excluye y desvaloriza la plena participación política femenina». También apunta que, a un candidato vicepresidencial, contrariamente, «se le permite mayores márgenes de ignorancia, prepotencia y autoritarismo, e incluso de tolerancia ante sus inaceptables carencias políticas».

«Esta paradoja refleja un adultocentrismo cargado de machismo: mientras las mujeres jóvenes deben enfrentar prejuicios, desconfianzas e incluso ofensas con connotaciones sexuales que minan su trabajo, los hombres pueden exhibir arrogancia y desconocimiento sin ser cuestionados con igual severidad. No es solo la inexperiencia la que se juzga, sino el género, evidenciando un doble estándar que excluye y desvaloriza la plena participación política femenina».

La experta sostiene que el reto es transformar estas estructuras para que la calidad y legitimidad del liderazgo legislativo se fundan en capacidades y compromiso y no en prejuicios ni dominaciones. «No se trata de idealizar la juventud, sino de valorar los auténticos liderazgos sin sesgos de género ni edad, superando decisiones históricas marcadas por la prisa y la improvisación desde estructuras adultas, mayormente masculinas».

También afirma que, tras casi dos décadas marcadas por escándalos de «corrupción», «chicanería» y «abusos» que desgastaron profundamente la confianza en el Estado, «es urgente que se instale como cimiento la probidad, la ética y la vocación de servicio auténtica».

«Es fundamental que la renovación política impulse un liderazgo juvenil comprometido con el conocimiento riguroso, los valores sólidos y la responsabilidad pública, capaz de desafiar las lógicas partidarias clientelistas y avanzar hacia una gestión transparente y orientada al bien común».

Por su parte, Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, alerta que ambas diputadas electas están siendo víctimas de acoso principalmente por su edad y enfatizó que casi todos los asambleítas electos, independientemente de su formación y edad, requieren preparación para asumir su nuevo rol en el legislativo.

«Casi el 90% de los y las asambleístas no tienen ninguna experiencia parlamentaria; y efectivamente incluso aquellos que probablemente tengan educación superior, van a tener que aprender en torno a lo que es la técnica legislativa y, por tanto, necesitan apoyo, no solo ellas, sino también varias mujeres y hombres asambleístas».

Sánchez considera que las jóvenes están siendo «instrumentalizadas de alguna forma» y que los cuestionamientos no deberían dirigirse a ellas, sino a los partidos políticos, que son los responsables de elaborar las listas y respaldar a sus militantes.

«A quien se debe dirigir cualquier observación y crítica constructiva es a las organizaciones políticas, porque son las responsables, primero, de fortalecer a sus militantes, pero, además, de brindar las herramientas necesarias para que puedan ejercer su rol al interior de la Asamblea».

Remarca que existe un candidato suplente electo varón de 22 años, así como otros en ese mismo rango de edad, que no enfrentan el mismo nivel de críticas ni cuestionamientos públicos.

Por último, recuerda que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024 dice que Bolivia es un país joven; por lo que «hay que involucrar más a los jóvenes en el ejercicio ciudadano» y considera que la democracia se fortalece al dar oportunidad a miradas diversas y jóvenes.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 149 de la Constitución Política del Estado establece que «para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con dieciocho (18) años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente».

Asimismo, el artículo 234 de la CPE estable requisitos para acceder al desempeño de funciones públicas:

1. Contar con la nacionalidad boliviana.
2. Ser mayor de edad.
3. Haber cumplido con los deberes militares (obligatorio para los varones, art. 108)
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal,
   pendientes de cumplimiento.
5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en
   la Constitución.
6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

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La democracia en Bolivia vivirá un hecho sin precedentes: la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contará con una inédita mayoría femenina. Tras los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2025, el 52,4% de los escaños será ocupado por mujeres, consolidando un avance histórico en la representación política.

En la Cámara de Senadores, 21 de los 36 curules estarán en manos de legisladoras (58,3%), mientras que en la Cámara de Diputados las mujeres ocuparán 66 de los 130 asientos (50,7%). Con ello, la paridad se convierte en una realidad en ambas cámaras, situando a Bolivia entre los países con mayor presencia de mujeres en sus instancias legislativas.

Este logro revierte la tendencia descendente registrada en la legislatura pasada, cuando la representación femenina en Diputados cayó al 46,9% tras haber alcanzado un 50,8% en el periodo 2014-2019. Ahora, con la composición para la nueva legislatura (2025-2030), se recupera y consolida el equilibrio.

A esto se suma un hecho inédito que destaca en esta elección: por primera vez, las diputaciones uninominales alcanzaron más del 50% de mujeres electas como titulares, un hito que refuerza la consolidación de la paridad en los cargos de elección directa.

Composición histórica del Legislativo por sexo

Ya en 2020 –con el 56% de los curules ganados–, las mujeres habían roto la preeminencia masculina en la Cámara Alta que se mantenía desde 1982, cuando se escogieron a las primeras mujeres senadoras. La nueva ALP no solo mantendrá esa tendencia, sino que refuerza el protagonismo de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional.

Una sistematización de datos elaborada por la Coordinadora de la Mujer muestra la composición histórica del Legislativo en materia de género desde hace 43 años. Como se ve en el siguiente gráfico, el entonces Congreso Nacional estaba conformado casi eminentemente por hombres. Fue recién en 2014 cuando el país se acercó a la paridad.

En general, desde 1982 hasta los comicios de este año, 396 mujeres resultaron electas en 11 procesos junto a 1.367 varones. Estos avances representan, por ahora, el 22,4% del total, pero desde las elecciones de 2014 la composición de la ALP muestra una representación más equitativa.

La representación y participación deben ser sustantivas

El predominio femenino en la Asamblea Legislativa 2025-2030 no solo es una conquista estadística. Representa la maduración de décadas de lucha por el reconocimiento de las mujeres en la vida pública, desde su incorporación al sufragio hasta la conquista de espacios decisorios.

Este escenario implica un doble compromiso: por un lado, celebrar el avance; por otro, exigir que la igualdad numérica se traduzca en una participación efectiva que transforme la vida política del país. “Este nuevo escenario nos impone el reto de acompañar, fortalecer y exigir el compromiso político de las nuevas legisladoras y legisladores, para que la igualdad no solo sea una cifra, sino una realidad transformadora”, señaló Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.

Una mayoría legislativa femenina abre la posibilidad de enriquecer el debate político con nuevas perspectivas y de impulsar agendas más inclusivas, lo que fortalece a la democracia en su sentido más profundo: garantizar que todas las voces estén representadas.

Así, la Defensoría del Pueblo destacó que por primera vez en la historia democrática del país, el 52,4% de las autoridades electas sean mujeres, logrando una representación que reafirma el compromiso con el principio de paridad.

Se trata de «un avance relevante hacia el cumplimiento del mandato constitucional de paridad y alternancia, así como de las obligaciones internacionales que el Estado boliviano ha contraído al ratificar instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos de las mujeres, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, dijo la Defensoría mediante un comunicado.

Por su lado, durante la presentación oficial del cómputo electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que este proceso marca la décimo octava elección nacional desde que, en 1956, las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho no solo al voto, sino también a ser candidatas.

Desafíos: más espacios y ejercicio pleno de los derechos

Según el análisis elaborado por la Coordinadora de la Mujer, en espacios sin obligatoriedad normativa para garantizar la presencia femenina, como las diputaciones plurinominales o indígenas-especiales, la brecha de género sigue siendo marcada.

Por ejemplo, apenas el 14,2 % de los escaños indígenas corresponde a mujeres. Situación similar ocurre en los supraestatales, donde seis de los siete puestos electos fueron para hombres.

La Defensoría recordó que que la Recomendación General 40 del Comité de la CEDAW, establece las obligaciones reforzadas de los Estados Parte para garantizar la participación equitativa, significativa y transformadora de las mujeres en la vida política y pública; por lo que, todos los Órganos del Estado deben diseñar e implementar de manera articulada una Hoja de Ruta hacia la paridad total, con enfoque interseccional, que contemple medidas legislativas, programáticas, presupuestarias dirigidas a consolidar la presencia, liderazgo y toma de decisiones de las mujeres en todos los niveles del aparato estatal.

“La paridad de género no puede reducirse a la dimensión numérica, sino que debe traducirse en condiciones materiales para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos de las mujeres, libres de violencia política, estereotipos de género y obstáculos institucionales. La participación política real y sustantiva implica garantizar no solo el acceso a los cargos, sino también la capacidad de incidir en las decisiones que configuran el rumbo del país”, subrayó.

En la misma línea, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reconoció, en su informe preliminar, que Bolivia goza de reconocimiento mundial por contar con uno de los marcos jurídicos más avanzados y un firme compromiso con la igualdad de género en la política.

La paridad y la alternancia son obligatorias en las listas de candidatos a ambas cámaras de la Asamblea, sin embargo —hace notar—, «no se extienden al binomio presidencial».

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