Desde la cuenta Atlas Electoral, en Facebook, se difunden dos imágenes que muestran la distribución de escaños en el Legislativo para la gestión 2025-2030. Sin embargo, este contenido es falsa porque toma en cuenta los votos nulos y blancos, que para le legislación electoral boliviana no son válidos.

La publicación desinformante tiene el siguiente texto:

«¿Qué pasaría si tomáramos en cuenta el total de votos emitidos para la asignación de escaños?
Si sumamos los votos nulos y en blanco al momento de distribuir los escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado —basándonos en los datos del Cómputo Oficial del Tribunal Supremo Electoral—, así quedarían conformadas ambas cámaras

Los votos nulos y blancos suman 33 diputados
Los votos nulos y blancos suman 7 senadores
Total: 40 legisladores»

De acuerdo con los resultados oficiales de las elecciones del 17 de agosto, presentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que ejercerá funciones entre 2025 y 2030 está fragmentada en su conformación. Seis organizaciones políticas y un pueblo indígena lograron representación, pero ninguna bancada alcanzó la mayoría.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se consolidó como la primera fuerza política, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sin embargo, no logró la mayoría. El PDC obtuvo un total de 70 representantes, entre ellos cinco supraestatales, lo que se traduce en 65 escaños efectivos: 16 en la Cámara de Senadores y 49 en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, se posicionó Libre, con 53 representantes, incluidos dos supraestatales. De estos, logró 51 escaños efectivos: 12 senadores y 39 diputados.

La tercera fuerza política, Alianza Unidad, obtuvo 35 representantes, incluidos dos supraestatales, lo que se traduce en 33 escaños efectivos: 7 senadores y 26 diputados. La Alianza Popular, como cuarta fuerza, logró ocho escaños, todos en la Cámara de Diputados. Por su parte, APB-Súmate, en la quinta posición, aseguró 6 escaños, distribuidos entre 1 senador y 5 diputados.

Finalmente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo 2 escaños en la Cámara de Diputados. En tanto, el Concejo Indígena Yuqui Bia Recuate (BIA-YUQUI) logró una representación histórica con 1 diputado por circunscripción especial.

Distribución de la Cámara de Diputados:

PDC, 49 curules
Libre, 39 curules
Unidad, 26 curules
Alianza Popular, 8 curules
Súmate, 5 curules
MAS, 2 curules
Bia Yuqui, 1 curul

Distribución de la Cámara de Senadores:

PDC, 16 curules
Libre, 12 curules
Unidad, 7 curules
Súmate, 1 curul

¿Qué dice la ley sobre el voto nulo? 

El Régimen Electoral en Bolivia establece que el voto nulo y el voto en blanco tienen funciones distintas y que, en términos legales, solo los votos válidos determinan a los ganadores en un proceso electoral.

Según las leyes y la normativa vigente, los votos blancos y nulos se registrarán únicamente con fines estadísticos y no influirán directamente en el resultado final de la elección.

Voto válido: Es aquel en que el elector marca correctamente una opción o candidatura en la papeleta electoral, y cuenta para definir al ganador.

Voto en blanco: Es cuando el elector no realiza ninguna marca en la papeleta. Este tipo de voto solo se registra para estadísticas y no afecta la contabilización de votos válidos.

Voto nulo: Se realiza cuando hay marcas en más de una casilla, o bloqueo, rotura, o alteraciones en la papeleta. Tampoco tiene impacto en la elección, ya que no suma a los votos válidos.

Evo Morales y el voto nulo

El voto nulo en las elecciones presidenciales de Bolivia de 2025 fue impulsado por seguidores de Morales, como una forma de protesta en vista de que el expresidente no pudo participar de la contienda electoral (1). Morales llamó a votar nulo porque consideraba que ningún candidato representaba al pueblo boliviano.

Por esta razón, el voto nulo se usó como una estrategia para medir el respaldo popular que aún tiene el líder cocalero y también para deslegitimar los resultados oficiales de los comicios.
En las elecciones de agosto de 2025, el voto nulo llegó al 19%, superando incluso a algunos candidatos de oposición.

Sobre Atlas Electoral

No es la primera vez que Atlas Electoral en Facebook publica información falsa y engañosa.

Esta cuenta no tiene autorización del TSE para realizar estudios de opinión ni publicaciones de encuestas. Sin embargo, publicó información falsa, como encuestas y proyecciones electorales en favor del evismo.

Encuestas: Atlas Electoral y Kawsachun Coca operan con sello de desinformación

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Anaís Merlín Guzmán y Evelin Mayra Pinaya Condori, las diputadas suplentes electas más jóvenes de la Asamblea, se enfrentan a una ola de violencia política digital y discurso de odio. Las plataformas sociales se han convertido en el escenario de un doble escarnio que las ataca selectivamente por su condición de mujeres y su juventud, un hostigamiento que no padecen sus colegas varones de edad similar.

Expertas advierten que estas agresiones no solo vulneran sus derechos, sino que debilitan la democracia y limitan la participación de las mujeres en la política. Pero también demandan de las organizaciones políticas mayor responsabilidad, no solo para dejar de instrumentalizar las candidaturas, sino para formar cuadros capaces de asumir las responsabilidades que les corresponda, con un enfoque integral y sin improvisaciones.

Guzmán, de 18 años, fue electa como diputada suplente por circunscripción plurinominal de Santa Cruz, en representación de la Alianza Unidad. En entrevistas con medios de comunicación afirmó que actualmente cursa el segundo semestre de la carrera de Derecho.

Pinaya, de 19 años, fue electa como diputada uninominal suplente por la circunscripción 32 de Oruro, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En contacto con los medios de comunicación aseguró que estudia Economía.

Su elección las convierte en las asambleístas más jóvenes de la legislatura 2025 – 2030, situación que las ha colocado en el centro de la atención pública, pero también en blanco de críticas machistas y adultocentristas que recurren a la discriminación, los estereotipos y la violencia disfrazada de bromas para deslegitimarlas y ridiculizarlas.

Algunos comentarios —que no reproducimos para no revictimizar a las afectadas— sugieren que sus candidaturas solo pudieron deberse a supuestos padrinazgos; otros las condenan por ser «demasiado jóvenes» para asumir la responsabilidad del cargo, es decir que su edad las inhabilita para ejercer sus prerrogativas. Todo pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que su postulación y elección son legales. De igual manera, no existe información sobre su formación política, es decir, que son juzgadas solo por su género y su edad.

Las críticas refuerzan estereotipos sexistas

Patricia Flores Palacios, magister en ciencias sociales y feminista queer, considera que ambas diputadas electas representan renovación en la Asamblea Legislativa. La experta reivindica el derecho de las mujeres jóvenes a ejercer este tipo de cargos, aunque también reflexiona en sentido de que su incursión en la política debería ser con una sólida base formativa.

En todo caso, lamenta que desde el espacio digital se cuestione y deslegitime la capacidad y liderazgo de ambas asambleístas sin conocerlas, sobre prejuicios y empleando estereotipos sexistas y denigrantes.

«Ojalá esta representación sea la de una juventud informada, con tenacidad, proba y comprometida que avanza con esfuerzo, a pesar de las barreras de un paradigma adultocentrista y profundamente machista», sostiene Flores.

No solo se les critica la inexperiencia, sino también el hecho de ser mujeres, añade la especialista: Esto «evidencia un doble estándar que excluye y desvaloriza la plena participación política femenina». También apunta que, a un candidato vicepresidencial, contrariamente, «se le permite mayores márgenes de ignorancia, prepotencia y autoritarismo, e incluso de tolerancia ante sus inaceptables carencias políticas».

«Esta paradoja refleja un adultocentrismo cargado de machismo: mientras las mujeres jóvenes deben enfrentar prejuicios, desconfianzas e incluso ofensas con connotaciones sexuales que minan su trabajo, los hombres pueden exhibir arrogancia y desconocimiento sin ser cuestionados con igual severidad. No es solo la inexperiencia la que se juzga, sino el género, evidenciando un doble estándar que excluye y desvaloriza la plena participación política femenina».

La experta sostiene que el reto es transformar estas estructuras para que la calidad y legitimidad del liderazgo legislativo se fundan en capacidades y compromiso y no en prejuicios ni dominaciones. «No se trata de idealizar la juventud, sino de valorar los auténticos liderazgos sin sesgos de género ni edad, superando decisiones históricas marcadas por la prisa y la improvisación desde estructuras adultas, mayormente masculinas».

También afirma que, tras casi dos décadas marcadas por escándalos de «corrupción», «chicanería» y «abusos» que desgastaron profundamente la confianza en el Estado, «es urgente que se instale como cimiento la probidad, la ética y la vocación de servicio auténtica».

«Es fundamental que la renovación política impulse un liderazgo juvenil comprometido con el conocimiento riguroso, los valores sólidos y la responsabilidad pública, capaz de desafiar las lógicas partidarias clientelistas y avanzar hacia una gestión transparente y orientada al bien común».

Por su parte, Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, alerta que ambas diputadas electas están siendo víctimas de acoso principalmente por su edad y enfatizó que casi todos los asambleítas electos, independientemente de su formación y edad, requieren preparación para asumir su nuevo rol en el legislativo.

«Casi el 90% de los y las asambleístas no tienen ninguna experiencia parlamentaria; y efectivamente incluso aquellos que probablemente tengan educación superior, van a tener que aprender en torno a lo que es la técnica legislativa y, por tanto, necesitan apoyo, no solo ellas, sino también varias mujeres y hombres asambleístas».

Sánchez considera que las jóvenes están siendo «instrumentalizadas de alguna forma» y que los cuestionamientos no deberían dirigirse a ellas, sino a los partidos políticos, que son los responsables de elaborar las listas y respaldar a sus militantes.

«A quien se debe dirigir cualquier observación y crítica constructiva es a las organizaciones políticas, porque son las responsables, primero, de fortalecer a sus militantes, pero, además, de brindar las herramientas necesarias para que puedan ejercer su rol al interior de la Asamblea».

Remarca que existe un candidato suplente electo varón de 22 años, así como otros en ese mismo rango de edad, que no enfrentan el mismo nivel de críticas ni cuestionamientos públicos.

Por último, recuerda que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024 dice que Bolivia es un país joven; por lo que «hay que involucrar más a los jóvenes en el ejercicio ciudadano» y considera que la democracia se fortalece al dar oportunidad a miradas diversas y jóvenes.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 149 de la Constitución Política del Estado establece que «para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con dieciocho (18) años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente».

Asimismo, el artículo 234 de la CPE estable requisitos para acceder al desempeño de funciones públicas:

1. Contar con la nacionalidad boliviana.
2. Ser mayor de edad.
3. Haber cumplido con los deberes militares (obligatorio para los varones, art. 108)
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal,
   pendientes de cumplimiento.
5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en
   la Constitución.
6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

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Dos proyectos de ley (1,2) remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional establecen que los candidatos a la presidencia, la vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías están obligados a participar en debates electorales de carácter público con la finalidad de promover el voto informado. Negarse a esta disposición expone a las organizaciones políticas y a los propios candidatos a sanciones drásticas.

La primera iniciativa le corresponde al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que el 13 de noviembre de 2024 presentó el proyecto de ley sobre «Debate electoral público y obligatorio».

La segunda es un planteamiento entregado al Legislativo el 30 de enero de este año por parte del analista y politólogo Paul Coca bajo el título «Ley de debate obligatorio para candidaturas del binomio presidencial».

El espíritu de ambas proposiciones es promover un espacio democrático de confrontación ideológica, pero que posibilite la deliberación y contrastación de los programas propuestos por los candidatos para que la gente pueda elegir.

Qué propone el OEP

Ajustes. La propuesta del Órgano Electoral implica modificar la Ley de Régimen Electoral No. 026 para incorporar el debate electoral público y obligatorio en el artículo 137 de dicha norma.

Alcances. Los aspirantes a la presidencia, vicepresidencia, gobernaciones, gobiernos regionales y alcaldías deberán someterse a la norma y participar de manera inexcusable en los debates.

Organización. La preparación y desarrollo de los debates estará a cargo del OEP y serán transmitidos por los medios de comunicación del Estado. Estos pondrán a disposición su señal para todos los medios privados interesados en retransmitir los eventos de manera simultánea.

Plazos. Dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de elección, las y los candidatos deberán participar de los debates electorales públicos.

Si la elección se resolviera en segunda vuelta, los candidatos habilitados deberán participar en un nuevo debate dentro los diez días anteriores a la fecha del balotaje.

Sanciones. El proyecto de de ley de la OEP advierte que los candidatos que incumplan con la obligación de participar de los debates serán sancionados con la suspensión de la subvención del fortalecimiento público en periodo electoral (recursos para propaganda), previsto por el artículo 37 de la Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018 de Organizaciones Políticas.

La vocal Nancy Gutiérrez, promotora del proyecto de ley, indicó que esta iniciativa busca fortalecer el ejercicio del derecho al voto de los electores mediante decisiones informadas. Complementó que el debate electoral puede constituirse en un espacio democrático de confrontación ideológica proporcionando a la ciudadanía información de sus programas de gobierno y sus posiciones en temáticas de interés nacional y local.

Para conocer más detalles al respecto, ver el siguiente video a partir del minuto 30:55.

El planteamiento de Paul Coca

Alcance. En su propuesta, el abogado constitucionalista Paul Coca plantea debates obligatorios para el binomio presidencial, es decir para candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de Bolivia.

Plazos. El documento establece dos debates presidenciales y uno vicepresidencial en la primera vuelta, y un debate obligatorio para los aspirantes a presidente y vicepresidente en una eventual segunda vuelta.

Prohibición. En ningún caso, los candidatos podrán enviar a algún representante en su lugar.

Difusión. El proyecto obliga al Órgano Ejecutivo a transmitir los debates a través de todos los medios de comunicación estatales, sin costo adicional e incluyendo el lenguaje de señas. Los medios privados podrán retransmitir el evento libremente.

Penalidad. Las sanciones para los candidatos que no asistan a los debates son progresivas: se empieza por la suspensión de subvención estatal, luego multa equivalente a 20 salarios mínimos y remisión de antecedentes a la Contraloría, e inhabilitación definitiva del proceso electoral, además de anulación de la personería jurídica de la organización política.

Organización. La preparación y desarrollos de estos eventos estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral en alianza con la Asociación Nacional de la Prensa, la Confederación Nacional de Profesionales, Asociación Nacional de Universidades Privadas y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Cada postulante pagará los costos de su traslado al lugar del evento.

Coca destacó que su motivación principal es fortalecer la cultura democrática en el país. «Es un deber ciudadano exigir que quienes aspiran a gobernar presenten sus ideas y propuestas ante el pueblo».

Recordó que antes, el debate no era obligatorio, sino optativo y voluntario. “Los políticos le hacían una especie de gran favor a los votantes. Esto debe cambiar, así como la ciudadanía está obligada a votar, a obtener un carnet de sufragio, ellos también deben debatir obligatoriamente”, le dijo a Bolivia Verifica.

Según Coca, no hay presupuesto adicional para el debate, razón por la cual la promoción, difusión y desarrollo del debate estará a cargo del TSE.

Un comité del Legislativo ya analiza la primera propuesta

La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, diputada Olivia Guachalla (MAS-IPSP), informó que el Proyecto de Ley de Obligatoriedad de Debate entre Candidatos Presidenciales ya fue remitido al Comité de Democracia y Régimen Electoral para su tratamiento.

“Esperemos que nos devuelva lo antes posible con un informe y a partir de eso lo tratamos en comisión para su aprobación o rechazo. Estamos cumpliendo con el procedimiento legislativo (…), todo el mundo se cree presidenciable y es por eso que deben socializar su propuesta, de cómo solucionar el tema económico del país y otros”, explicó la legisladora la semana pasada.

Guachalla consideró que el proyecto debe ser aprobado, “porque es un derecho democrático de la población” y así se pueda conocer las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones nacionales.

Una demanda de la sociedad civil

La presentación de estos proyectos de ley ha generado expectativa en la opinión pública, ya que se considera una medida que puede contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso electoral.

Un grupo de cerca de 80 organizaciones de la sociedad civil y una veintena de personalidades comprometidas con la democracia y los derechos humanos solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la pronta aprobación de una ley que establece la obligatoriedad de debates públicos entre candidatos a cargos electivos en Bolivia.

En ese sentido emitieron un pronunciamiento que lleva por título: «Si la ciudadanía está obligada a votar, las candidatas y candidatos deben ser obligados(as) a debatir».

«Consideramos que la iniciativa de una ley de debate obligatorio para candidatos(as) es altamente positiva y se enmarca en estándares del sistema interamericano de derechos humanos, los que disponen que: ‘el sano debate democrático exige el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones con relación a candidatos(as), sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a elecciones’”, se lee en el manifiesto.

Según las organizaciones, colectivos y activistas firmantes, es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar. «El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo”.

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