La segunda vuelta constituye un hecho relevante en la evolución democrática de Bolivia y refleja un cambio en el escenario político tras dos décadas de predominio del MAS. El proceso permitirá observar cómo se adapta el país a este nuevo mecanismo.
Por Susanna Rump, pasante internacional
Este domingo 19 de octubre, Bolivia vivirá un hecho inédito: por primera vez en su historia, la población decidirá el futuro político del país en un balotaje. Tras la primera vuelta del 17 de agosto, cuando ningún candidato presidencial alcanzó la mayoría absoluta del 50 % de los votos o al menos el 40 % con una ventaja de diez puntos, hoy entra en vigor el sistema de la segunda vuelta, establecido en la Constitución Política de Estado (CPE) de 2009.
Un total de de 7.937.138 ciudadanos, tanto en el territorio nacional como en el exterior, están habilitados para sufragar y elegir los cargos de presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Los dos binomios que compiten en esta fase son: Rodrigo Paz junto con Edmánd Lara Montaño (por el partido Demócrata Cristiano) y Jorge Quiroga Ramírez junto con Juan Pablo Velasco Dalence (por la Alianza Libre).
Un sistema joven con raíces antiguas
El sistema de la segunda vuelta, originario de Francia y hoy adoptado por al menos 40 países —incluidos todos los vecinos de Bolivia, salvo Paraguay—, es una práctica habitual en regímenes presidenciales donde el jefe de Estado también ejerce como jefe de gobierno. La segunda vuelta, consagrada en el artículo 166 de la CPE boliviana, busca fortalecer la legitimidad democrática, garantizar la soberanía popular y asegurar la gobernabilidad de quien resulte electo.
A diferencia de los demás países de Sudamérica, donde las segundas vueltas son un proceso habitual, este acontecimiento adquiere un significado especial para Bolivia. Durante los últimos 20 años, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ganado siempre con amplia ventaja: Evo Morales superó el 60 % de los votos en 2009 y 2014, y Luis Arce alcanzó el 55 % en 2020. Este año, sin embargo, el panorama es distinto: con solo el 32,06 %, el candidato Rodrigo Paz quedó lejos de la mayoría necesaria, lo que ha llevado al país a su primera segunda vuelta presidencial, en la que bastará una mayoría simple para definir al vencedor.
“Para muchas personas va a ser la primera vez que voten por algún candidato distinto a la oferta electoral del MAS”, explica la politóloga Ana Lucía Velasco. “Sobre todo para el electorado joven, es un hito grande, importante e interesante ver que existe una nueva oferta electoral. No digo ni mejor ni peor, sino nueva.”
Pero lo que suena bien en teoría resulta más complejo en la práctica. En la primera vuelta compitió una amplia gama de candidatos, mientras que en la segunda solo se enfrentan los dos más votados. Por ello, el apoyo electoral tiende a transformarse, y —como advierte Velasco— las segundas vueltas pueden generar “mayorías ficticias”: “Quien gane este domingo lo hará, digamos, con un 50 % más uno de esos votos, pero esa mayoría es un poco forzada por el sistema. No es necesariamente una mayoría genuina; no es que el 51 % de los bolivianos, en primera instancia, hubieran votado ya sea por Rodrigo Paz o por Tuto Quiroga“.
Experiencias previas a nivel subnacional
En el ámbito subnacional, la segunda vuelta ya se ha aplicado en varias ocasiones: en 2015 en Tarija y Beni, y en 2021 en Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando. Estas experiencias, sin embargo, difieren sustancialmente del nivel presidencial.
“Antes existían segundas vueltas, pero parlamentarias —explica figurativamente Velasco—. Cuando no se lograban mayorías en la primera vuelta en el Congreso, desde el Parlamento se negociaban los votos para escoger al presidente. De esa experiencia viene la época de la democracia pactada, porque pasaban cosas raras. Como el tercero en votación terminaba siendo presidente. […] Entonces, que ahora la segunda vuelta ya no se haga en el parlamento, sino que se haga con el voto directo, es simbólico, sobre todo, para aquellos bolivianos y bolivianas, que han vivido el sistema de la segunda vuelta parlamentaria”.
En otras palabras, la segunda vuelta presidencial aplica plenamente el principio de “un ciudadano, un voto”.
Nuevas dinámicas en la campaña
Según la Ley del Régimen Electoral, el proceso es organizado por el Tribunal Supremo Electoral y se desarrolla con el mismo padrón biométrico que en la primera ronda, aunque con nuevos jurados sorteados. El intervalo de 60 días entre ambas vueltas, el más largo de Sudamérica, responde principalmente a razones logísticas, ya que se requiere tiempo para reimprimir, preparar y distribuir el material electoral.
En total, más de nueve millones de personas están registradas en el padrón electoral, de las cuales alrededor de 7,5 millones en el país y 370 mil en el exterior podrán participar en esta inédita jornada del 19 de octubre de 2025.
En cuento a la dinámica de la campaña electoral, esta ha cambiado notablemente. La primera vuelta estuvo marcada por la búsqueda de visibilidad y la presentación de propuestas, mientras que la segunda se transformó en una campaña más emocional, mediática y personalista, con menor contenido programático y un enfoque en la imagen y los escándalos.
“La gente llega cansada a la segunda vuelta —señala Velasco—. Entre la primera y la segunda vuelta hubo poco más de dos meses que se sintieron larguísimos, sobre todo en un contexto de crisis económica y de incertidumbre. La gente, yo creo, termina agotándose; los mismos candidatos también, las mismas campañas también. […] Cuando se hace una campaña tan larga, a veces hay esa tentación de recurrir a medidas bajas, hacer esto de la guerra sucia, cosas que son más eficientes porque ya no tienes ni energía, ni tiempo, ni dinero, seguramente, para armar algo mejor.”
La segunda vuelta constituye un hecho relevante en la evolución democrática de Bolivia y refleja un cambio en el escenario político tras dos décadas de predominio del MAS. Por primera vez, el electorado se enfrenta a la posibilidad de optar por alternativas distintas al partido que ha marcado la política nacional en los últimos años. El proceso permitirá observar cómo se adapta el país a este nuevo mecanismo y qué efectos tendrá en el fortalecimiento de su institucionalidad democrática.
