Luego de la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia, se revisaron las situaciones judiciales de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, mejorando sus medidas cautelares.

El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido el instructivo 18 para revisar los plazos procesales de las detenciones preventivas del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el excívico Marco Antonio Pumari; y la expresidenta Jeanine Añez. En este Sin Duda, analizamos los procesos judiciales que cada uno enfrenta y cuáles ya fueron resueltos.
Luis Fernando Camacho

El 28 de diciembre de 2022, el gobernador cruceño fue aprehendido y luego trasladado a la ciudad de La Paz para someterse a una audiencia de medidas cautelares que dictaminó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Toda la acción fue en el marco del caso denominado Golpe de Estado I.
No obstante, tras casi tres años, logró medidas sustitutivas. Este 26 de agosto el juzgado de La Paz dictaminó cambiar su detención preventiva por arresto domiciliario en el caso Golpe de Estado I. Y al día siguiente, también logró esta misma medida en el caso llamado 35 días de paro por los resultados del censo. El viernes 29 de agosto llegó a Santa Cruz, con un gran recibimiento de sus seguidores.
Procesos en su contra
Según el abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho, la autoridad enfrenta siete procesos, de los que cuatro están en etapa de juicio y otros tres en etapa preliminar.
Bolivia Verifica hizo una revisión y contrastó con la defensa de Camacho que estos son los procesos que tiene abiertos en su contra:
Caso “Golpe de Estado I”
Camacho está acusado por varios delitos, entre ellos terrorismo, seducción de tropas e instigación pública, por su rol en la crisis política de 2019. Debe pagar una fianza de Bs 100.000 y presentarse cada 15 días en la Fiscalía luego de que se determinara su detención domiciliaria.
Caso “36 Días de Paro” (Censo)
Se lo acusa de terrorismo, discriminación y otros delitos por haber encabezado el paro cívico de 36 días en Santa Cruz, en 2022, para exigir el censo. Le impusieron una fianza de Bs 50.000, arraigo y presentación mensual ante la Fiscalía, además de tener detención domiciliaria con permiso laboral.
Caso “Decretazo”
Este proceso está en juicio oral, pero ya sufrió 16 suspensiones porque Camacho sigue recluido en La Paz y no fue trasladado a Santa Cruz. Se lo acusa de haber emitido en marzo de 2022 un decreto que designaba a su secretario como gobernador suplente en lugar del vicegobernador. La próxima audiencia está programada para el 28 de agosto de este 2025.
Caso “Carro Bombero”
Desde noviembre de 2024 cumplió detención domiciliaria por este caso, con . Se lo acusa de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado por la supuesta compra irregular de un carro bombero de Bs 1,7 millones que nunca llegó. La fianza es de Bs 350.000 y tiene arraigo. Este jueves, el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción 22 de Santa Cruz dispuso levantar la detención domiciliaria y el arraigo, además de reducir la fianza a Bs 50.000. Ahora solo debe presentarse una vez al mes ante el juzgado.
Caso “Notaría de Gobierno”
Está acusado de falsedad material e ideológica por presuntamente falsificar su firma en un poder notarial de agosto de 2023. El proceso sigue en curso y la audiencia fue reprogramada.
Casos en etapa preliminar
Además, hay dos investigaciones abiertas sin imputación formal: una por legitimación de ganancias ilícitas y otra por tráfico de armas, según el Ministerio de Gobierno.
Según el gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, Camacho tiene siete procesos relacionados con su gestión, algunos de los ya mencionados, pero también nombra otros como uno por malversación y contratos lesivos al Estado por recursos hídricos y otro por conducta antieconómica y falsedad ideológica en sobrepago de planillas.
Marco Antonio Pumari

Aprehendido el 10 de diciembre de 2021 en Potosí, Marco Antonio Pumari cumplía detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por el caso Golpe de Estado I. Este 26 de agosto, un juez de instrucción en lo penal de La Paz determinó darle una libertad libre y pura.
¿Tiene otros procesos?
Sí, Pumari enfrenta otro proceso en Potosí por delitos electorales, a raíz de la quema del Tribunal Departamental Electoral de esa región en 2019. El 27 de agosto, el excívico fue trasladado con rumbo a la Villa Imperial para su audiencia que determinará sus medidas cautelares. Este 29 de agosto el Juzgado de Potosí determinó modificar su detención por arresto domiciliario. Al igual que Camacho, Pumari fue acogido por su familia y simpatizantes que celebraron su liberación.
Jeanine Añez Chávez

El 12 de marzo de 2021 en Trinidad, Beni, Jeanine Añez fue aprehendida y trasladada a La Paz para ser procesada y cumplir detención preventiva en el penal de Miraflores por el caso Senkata. En los últimos días, un tribunal de instrucción declaró su incompetencia para seguir juzgando a Añez por este caso y ordenó que se haga un juicio de responsabilidades vía la Asamblea Legislativa Plurinacional, por su condición de expresidenta.
Ella aún está arrestada por la condena de 10 años por el caso Golpe de Estado II. Actualmente, esperan que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie para ver si admiten o no un recurso que presentó la defensa de la exmandataria para anular la sentencia de 10 años.
Según su defensa, el abogado Luis Guillén, ella enfrenta estos nueve procesos:
Caso “Golpe de Estado I”
Este proceso se abrió por los hechos de 2019 que terminaron con la salida de Evo Morales. Añez fue apartada del juicio en 2024, aunque aún están pendientes por si la vuelven a incluir.
Caso “Golpe de Estado II”
En 2022 fue condenada a 10 años de cárcel por haber asumido la presidencia de forma considerada irregular en noviembre de 2019. Su defensa presentó un recurso de revisión extraordinaria que aún espera resolución en el Tribunal Supremo de Justicia.
Caso Senkata
Añez está procesada por las muertes ocurridas en El Alto en noviembre de 2019, durante operativos policiales y militares. En estos días un tribunal dejó sin efecto el juicio ordinario y dispuso que sea tratada en un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta.
Caso Sacaba
Al igual que en Senkata, se la acusa por la vía ordinaria de las muertes en Huayllani, Cochabamba, en noviembre de 2019. Un juzgado de Sacaba debe definir si corresponde enviarla a juicio de responsabilidades. En este caso tiene detención domiciliaria, aunque su defensa busca que se levanten las restricciones.
Caso EBA
Se la acusa de haber hecho un nombramiento irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos. En abril de 2025, un tribunal anuló el proceso ordinario y envió el caso a juicio de responsabilidades.
Caso Jet-Fuel
Durante la pandemia de 2020 autorizó la venta de combustible, a precio subvencionado, para aviones que ingresaban al país. Su objetivo era apoyar a las aerolíneas que tenían como objetivo evacuar a personas que querían regresar a sus regiones o países de origen. El caso está paralizado y nunca se dictaron medidas cautelares en su contra.
Caso FMI
Fue denunciada por haber gestionado un crédito de 300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en 2020, que presuntamente causó daño económico al Estado. También está paralizado.
Caso Fundempresa
Se le inició un proceso por haber ampliado la concesión de la administración del registro de comercio a Fundempresa. El trámite judicial está detenido.
Caso libertad de prensa
Se la denunció por un decreto aprobado en la pandemia, cuestionado porque supuestamente limitaba la libertad de expresión. La denuncia fue rechazada, aunque la defensa sostiene que debió resolverse mediante un juicio de responsabilidades.


