El artículo 146 de la Constitución establece que la Cámara Baja está conformada por 130 miembros y la distribución de escaños entre los 9 departamentos es determinada por parte del Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada región, según el último censo nacional.
La redistribución de escaños, derivada de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, presagia conflictos regionales por el aumento de curules en la Cámara de Diputados para un grupo de departamentos y la reducción para otros. Y ahora que el presidente Luis Arce propuso un referéndum para consultar a la ciudadanía por este asunto, el tema ya es motivo de debate.
En medio de este panorama, surge una propuesta gubernamental para aumentar el número de escaños, pero ¿qué impacto puede tener? En este explicador te mostramos qué dice la norma vigente, además de consultar a expertos en política.
El ministro de Justicia Iván Lima Magne propuso “romper el candado” de los 130 diputados y ampliar la cifra de legisladores “para que ganen los que tengan que ganar, pero que nadie pierda”.
“Necesitamos romper el candado, ya no tener el límite de 130 escaños y permitir que el órgano técnico, que es el Tribunal (Supremo) Electoral, con base a los resultados del censo, le plantee al pueblo boliviano la composición, de manera que no se afecten los criterios de proporcionalidad y representación”, dijo el ministro el 9 de agosto en una entrevista al medio DTV.
Para conocer el alcance que pueda tener esta medida se consultó a dos analistas políticos en temas electorales, quienes cuestionaron por separado la propuesta gubernamental de subir la cifra de legisladores.
El analista político Mario Galindo cuestionó el planteamiento de Lima y dijo que si se incrementa la cifra de diputados, porcentualmente la representación también baja, y en ese marco “se perjudicará a Santa Cruz”, que viene a ser el departamento con mayor población, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Galindo dijo que se deben cumplir las normas “suponiendo que Santa Cruz gana cinco escaños y Chuquisaca o Potosí pierden a uno o dos y La Paz uno; se debe cumplir con esa norma”.
Señaló que debe cumplirse la ley, y si hay regiones que perdieron población, “pierden representantes”, si ganaron población “ganan representantes”.
Para Galindo, aplicando la norma se prevé que la representación urbana gane peso versus la rural, porque en las ciudades está el 75% de la población y, en la zona rural, solo el 25%. En la actual representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el área rural tiene 40% de representación y la urbana 60%.
La representación territorial que es por medio de senadores también debe modificarse, agregó Galindo, “porque es una exageración tener cuatro senadores por departamento, debemos volver al sistema anterior, dos por mayoría y uno por minoría”.
“Se debe cumplir la norma”
La analista y politóloga de la Fundación Jubileo Sandra Verduguez opina que la postura de Lima no es acertada porque existe un marco legal, señalado a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la Ley de Distribución de Escaños.
“En este caso, el Órgano Electoral debe cumplir con la norma por la cual se prevé una pérdida de escaños para aquellos departamentos que han perdido población o viceversa para aquellos departamentos que han recibido nuevos migrantes”, explicó.
“El hecho de romper el candado y buscar más escaños, lo único que va a hacer es agrandar el problema a largo plazo. Es una solución simple para no generar conflictos y no pelarse con nadie”, analizó.
Verduguez indicó que, paralelamente, se debe ver si los 130 escaños actuales cumplen realmente su función y si hay calidad en la representación, lo que ocurrirá si se cumple la ley con los nuevos datos poblacionales.
¿Qué dice la Constitución?
Según el artículo 146 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros y la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional.
El Ministerio de Justicia cree que se puede adecuar su propuesta a la legislación vigente.
La normativa por ahora contradice la propuesta gubernamental y los especialistas en política consultados para este trabajo, consideran que la medida no sería la adecuada.
