El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) realizó el sorteo para elegir a las ciudadanas y ciudadanos que cumplirán las funciones de jurados electorales en las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024. Una persona puede consultar si es jurado por dos vías:

Por un lado, a través de la aplicación “Yo Participo”, disponible en la página del OEP, donde solo se debe anotar el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento.

Para usar esta herramienta entra a: https://yoparticipo.oep.org.bo/

Y por otro lado, a través la sección “Lista de Jurados Electorales” de los nueve departamentos, también disponible en la página del OEP. Acá encontrarás nueve documentos con las listas por cada región. El material está en formato pdf y se puede descargar.

Para acceder a este sitio entra a: https://www.oep.org.bo/pronunciamiento/lista-de-jurados-electorales/.

Acerca de las excusas

Los tribunales electorales departamentales (TED) sortearon este viernes 15 de noviembre a las y los 198.103 jurados para las 33.019 mesas de sufragio donde la ciudadanía emitirá su voto durante las Elecciones Judiciales del 15 de diciembre de 2024.

La lista de las personas sorteadas también se publicarán este domingo 17 de noviembre en medios impresos de circulación departamental.

De igual forma, entre el lunes 18 y el domingo 24 de noviembre las personas que se vean impedidas de ejercer como jurados de mesa de sufragio podrán tramitar sus excusas ante los tribunales electorales correspondientes.

Las causales contempladas por la norma para excusarse son, entre otros: por enfermedad probada con certificación médica, estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito, o ser dirigente o candidato, debidamente acreditado.

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Más incertidumbre que certezas dejó la sentencia 770/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la realización de las elecciones judiciales, pero ¿qué hay detrás de las resoluciones de amparo que derivaron en esta determinación? Acá te contamos en qué consisten.

En este explicador te mostramos los casos que se acumularon en la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual ratifica la paralización de las elecciones de magistrados del TCP en Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija, así como la elección para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Beni y Pando.

Beni

La Sala Constitucional Primera de Beni declaró el 15 de octubre desiertas las convocatorias para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Entre los argumentos, la Sala Constitucional observó que no se habían cumplido los principios de meritocracia al considerar postulantes que tuvieron una nota reprobatoria.

Hugo Vargas Palenque, quien pretendía ser candidato al TSJ, es la persona que interpuso la demanda de amparo contra las elecciones judiciales en ese departamento (1).

En este caso denunció «la vulneración de su derecho a ser elegido y a ejercer funciones públicas sin más requisito que la idoneidad».

«Igualmente fue cercenado su derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder público, porque pese a haber obtenido una calificación de 150 puntos, fue sustituido por una persona con un puntaje final de 130 puntos, solo porque se autoidentificó como indígena». Si bien el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, en su argumento fue excluido por su origen; por lo que, sus aspiraciones fueron «anuladas» por no haberse brindado un trato igualitario.

La resolución en este caso identifica la falta de equidad de género y de la representación de lo indígena originario campesino en la lista de candidatos por Beni del Tribunal Supremo de Justicia. También especifica que la Asamblea Plurinacional incumplió con la normativa al enviar al TSE listas incompletas.

La sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Beni determinó «inaplicar» el artículo 37.2 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 1549, por ser «contraria» a los postulados constitucionales traducidos en: principios, valores y fines.

Otro de los puntos de la resolución refiere que las listas de nominados incumplieron los requisitos constitucionalmente establecidos de los elementos de «género y plurinacionalidad», como también de la representación departamental. En este caso se dio la tutela al demandante.

Pando

La Sala Constitucional de Pando determinó el 15 de octubre declarar desierta la convocatoria para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de un amparo presentado por la postulante María Esther Caero. El abogado de la postulante, Merki Martínez, dijo que Caero observó en las listas de los seleccionados que están en carrera a personas que no cumplieron los mínimos requisitos que establece la convocatoria.

“Había candidatos que estaban reprobados en el tema de la meritocracia y en la evaluación de conocimientos, pero siguieron a la siguiente fase». (1).

Oruro

En este caso, Juan Fernández Condori interpuso una acción de amparo constitucional al no haber sido tomado en cuenta en la lista de candidatos preseleccionados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pese a que obtuvo la tercera mejor calificación por el departamento de Oruro.

La Sala Constitucional en su resolución confirmó que la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Plurinacional presentó la lista de candidatos preseleccionados en base a la Ley 1549 para las elecciones judiciales que establece la aplicación de los principios de paridad y equidad de género. Por este motivo, se eligieron a dos mujeres y dos varones. Además, una de las seleccionadas es identificada originaria indígena campesina. No se podía elegir tres varones y una sola mujer si se tomaba en cuenta solo la calificación. En este caso no se dio la tutela al demandante. 

Potosí

Carlos Franklin Vargas Tarqui denunció «la lesión de sus derechos a la ciudadanía, elegibilidad y ejercicio de funciones públicas, a la igualdad y no discriminación para el ejercicio efectivo de sus derechos y a la autoidentificación cultural», al no ser incluido en la lista de candidatos preseleccionados para el TCP por el departamento de Potosí.

El demandante argumentó que fue el candidato autoidentificado como indígena con mejor calificación en ese departamento, pese a esta situación, denunció que no fue tomado en cuenta en la lista presentada por la Comisión Mixta de la Asamblea Plurinacional.

Este caso fue resuelto por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La resolución indica que en la preselección se tomó en cuenta la equidad de género como establece la normativa y además, primó el principio de preclusión, al establecer que ya había concluido la etapa reclamada. En síntesis, el demandante no obtuvo la tutela.

El principio de preclusión, según la Ley de Régimen Electoral, establece que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”. Eso quiere decir que lo obrado en el pasado no amerita revisión alguna.

Sentencia

En síntesis, la sentencia constitucional 0770/2024 resolvió tres acciones de amparo acumuladas de: Juan Fernández Condori en Oruro, Hugo Vargas Palenque en Beni y Carlos Franklin Vargas Tarqui en Potosí.  Estas personas, pese a estar entre las cuatro mejores calificadas en la preselección para las elecciones judiciales, no fueron habilitadas como candidatas en sus departamentos.

Según los argumentos de la Sala Cuarta del TCP, en el caso de Pando no se evidencia la presencia del representante indígena originario campesino y, conforme la normativa, no se puede realizar la elección.

En el caso de Beni, indica que se incluyó como candidatos al TSJ a tres mujeres que reprobaron en el proceso de preselección y no alcanzaron la calificación mínima que es de 130 puntos, mientras que se excluyó a otros aprobados, como reclamó uno de los demandantes Hugo Vargas.

El fallo constitucional establece que en Beni, Cochabamba y Santa Cruz no se evidencia la presencia de una mujer aprobada y tampoco de un representante indígena, por eso, la elección para el TCP tampoco es posible en términos legales en esos departamentos.

En el caso de Tarija, señala que no hay un postulante que se autoidentifique con representación plural, es decir indígena, originario o campesino.

La Sala Cuarta confirmó en parte la resolución de la Sala Constitucional de Beni y ratificó la tutela al demandante Vargas Palenque al declarar desierta la convocatoria a magistrados del TSJ en Beni y Pando. También declaró desierta la convocatoria a magistrados del TCP en Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Para el TCP corresponde en esos departamentos una nueva convocatoria para los órganos de justicia declarados desiertos mediante su fallo constitucional.

En el caso de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí el proceso electoral continúa. Situación similar se da en el TCP para Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Las elecciones para elegir autoridades en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental a nivel nacional no están afectadas con la sentencia.

Si bien existe un rechazo público a la citada sentencia por los vocales electorales y organizaciones políticas, el TSE finalmente determinó realizar las elecciones de forma parcial, es decir que en algunos departamentos no se renovará a todas las autoridades judiciales.

Pugna interna en el MAS y su incidencia en la justicia

El analista político Marcelo Silva cree que las resoluciones de las salas constitucionales reflejan la división interna que se está viendo entre «el evismo y el arcismo» al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que es el frente gobernante.

Silva recordó que la justicia en los últimos 20 años se ha convertido en la principal instancia de acciones políticas. «Organismos internacionales ya alertaron de una gran dependencia del poder judicial en relación al poder político».

Para el analista político Paul Coca existen dos actores que quieren que las elecciones judiciales fracasen; uno de ellos es el Gobierno, porque es de los pocos sectores que sostienen a esta administración de justicia. «En Bolivia, la justicia no es imparcial, no es independiente, no es ajena al poder político ni nada por el estilo… la línea del TCP es beneficiar al Gobierno y a ellos mismos», indicó.

Otros actores que no quieren que se realicen las elecciones judiciales, según Coca, son los magistrados que ya están fuera del tiempo de mandato. «Si quisieran elecciones simplemente no se hubieran prorrogado».

Coca recordó que estos fallos son de cumplimiento inmediato. Para el analista, estas resoluciones, unas que dicen sí y otras que no, desnudan el «sometimiento» de la administración de justicia al poder político. «El TCP de los prorrogados cumple el rol de juez y parte o jurado y verdugo».

Para el constitucionalista Eduardo Hurtado desde el punto de vista político este conflicto jurídico es una «pulseta» que se está dando en el escenario judicial, al considerar que no es casual que se tengan dos fallos en los departamentos de Beni y Pando contra las elecciones judiciales.

«En este juego, que tiene que ver más con lo político y no con el sistema judicial, las acciones de defensa, denominadas también de tutela fueron presentadas hace tiempo, pero casualmente las resolvieron recientemente», explicó.

La tutela está para proteger los derechos violados y las garantías constitucionales, «pero aquí se les va la mano y ni siquiera miden su jurisdicción constitucional», advirtió el abogado.

El Tribunal Supremo Electoral mantiene las elecciones judiciales para diciembre de este 2024, aunque las mismas ya no serán realizadas en todas las instancias, tomando en cuenta que habrá departamentos donde no podrán elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cumpliendo así la citada sentencia.

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Representes de las entidades miembro de la Coalición Nacional contra la Desinformación Electoral.

Reunidas en la denominada Coalición Nacional contra la Desinformación Electoral, 10 instituciones, entre ellas Bolivia Verifica, se comprometieron a unir esfuerzos para luchar contra los contenidos desinformantes en procesos electorales, con la finalidad de fortalecer la democracia y neutralizar la polarización y las narrativas de odio.

La alianza se conformó a iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Bolivia y cuenta con la adhesión del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), ONU Mujeres, la Deutsche Welle (DW), Internet Bolivia, Ciberwarmis y los medios de comunicación Bolivia Verifica, Guardiana, Chequea Bolivia y Muy Waso.

El evento de lanzamiento oficial se llevó a cabo el martes 12 de noviembre, oportunidad en la que las y los representantes de cada entidad firmaron un documento que formaliza la creación de la coalición.

El proyecto es de los pocos de su tipo en el mundo, solo en Chile, Zambia y Etiopía se desarrollan iniciativas similares en fase de implementación piloto.

El uso del eMonitor+ —una herramienta automatizada de monitoreo de contenidos desinformantes y discursos de odio— será uno de los pilares del trabajo a desarrollar. La idea es detectar y analizar información falsa, engañosa y tendenciosa, además de conocer cómo funcionan las redes que se tejen en torno a esta.

Marta Vallejos, representante residente adjunta del PNUD en Bolivia, afirmó que uno de los mayores desafíos para las democracias contemporáneas es desmontar la desinformación porque esta erosiona la confianza de la ciudadanía respecto de los resultados y la institucionalidad democrática.

“En Bolivia —dijo— la desinformación impactó de manera directa en la confianza ciudadana en el sistema electoral, tal como se evidenció en los conflictos políticos de 2019 y 2020, contribuyendo a exacerbar las tensiones y poniendo el vilo el sistema democrático”.

A su turno, Alessandra Rossi, asesora técnica principal del PNUD para el proyecto electoral en Bolivia, precisó que además de contrarrestar los contenidos falsos, engañosos y polarizantes, la coalición tiene por finalidad fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía.

“Tenemos la responsabilidad de contrarrestar las campañas de desinformación a través de las plataformas digitales, desde donde se apunta a distorsionar la opinión pública, poniendo en riesgo la democracia y la estabilidad en los países”, agregó.

Renán Estenssoro, director ejecutivo de la FPP, formaliza la participación de Bolivia Verifica en la coalición.

En representación de la Fundación para el Periodismo (FPP) y Bolivia Verifica, el director ejecutivo de la FPP, Renán Estenssoro, felicitó la iniciativa del PNUD, haciendo énfasis en que “es responsabilidad de los medios de comunicación combatir la desinformación”.

“En 2020 vimos que el principal objetivo de los desinformantes fue el OEP y creo que esta vez no va a ser distinto; debemos estar preparados para contrarrestar este fenómeno que busca polarizar aún más al país”, añadió.

En esa línea, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila reflexionó sobre la manera en que la desinformación “no solo daña el proceso electoral, sino al sistema democrático en su conjunto. Por tanto, es muy importante tener una coalición electoral de este tipo”.

En la siguiente fase del proyecto, los equipos de las entidades aliadas se capacitarán en el manejo del eMonitor+ mientras se termina de implementar la herramienta.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la cooperación alemana, la cooperación española y la cooperación canadiense.

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Pese al acuerdo firmado días atrás para el desarrollo integral de las elecciones judiciales y en vista de la falta de cumplimiento de los compromisos acordados por parte de algunos de los actores, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso acatar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y llevar adelante los comicios de forma parcial, es decir que en algunos departamentos no se renovará a todas las autoridades judiciales.

“Luego de un análisis de la sentencia y de las declaraciones públicas que se emitieron después del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, la Sala Plena del TSE ha decidido continuar con la Elección Judicial en el marco que establece el citado auto», anunció la Sala Plena a través de un comunicado.

Los vocales arguyen que la determinación es asumida porque pese a los compromisos adoptados no se han garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral de manera integral.

“Desde la Asamblea Legislativa no se ha emitido de manera inmediata un pronunciamiento que rechace le sentencia constitucional 0770/2024 expuesta por los magistrados que están cuestionados, ni se ha aprobado una ley que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones electorales, por el contrario, algunos han manifestado que se debe acatar ese fallo”, añade el pronunciamiento.

Dicha sentencia, emitida por el TCP el 7 de noviembre, dispone declarar como desierta la convocatoria para elegir a los magistrados del TSJ en los departamentos de Beni y Pando, y a los magistrados del TCP en Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

Las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) reclaman también que no se les haya dado garantías para disponer de los recursos económicos que se necesitaban para llevar adelante el proceso en su integridad, tal como estaba planificado inicialmente.

En esa línea, el comunicado resalta que “el demandante ha solicitado que no se realicen desembolsos económicos para la continuidad del proceso, y algunos representantes del Órgano Ejecutivo han emitido declaraciones alentando el cumplimiento de esa sentencia lo que genera incertidumbre de contar con los recursos económicos para dar continuidad a este proceso de manera integral como lo hemos defendido hasta ahora”.

El TSE se declara en el abandono

Hemos quedado “prácticamente solos en nuestra postura”, dice el pronunciamiento de la máxima autoridad del OEP.

Con la intención de garantizar el desarrollo del proceso, a convocatoria del TSE, el lunes se llevó a cabo una reunión de alto nivel con decisión política. En la cita, representantes del Órgano Electoral, del Legislativo y del Ejecutivo, además de delegados y líderes de las organizaciones políticas con personería jurídica, se comprometieron a tomar acciones para dar continuidad a las judiciales.

La declaración emitida al término de dicha reunión reafirmó la realización de los comicios el domingo 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del TCP en el marco constitucional y legal vigente en el país. Por esta razón se rechazó la sentencia constitucional 0770/2024-S4, arguyendo que incurre en una “flagrante violación” del principio de preclusión, base fundamental del sistema electoral boliviano, según explicaron desde TSE.

El principio de preclusión, según la Ley de Régimen Electoral, establece que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”. Eso quiere decir que lo obrado en el pasado no amerita revisión alguna.

Ahora, el TSE deplora el incumplimiento del acuerdo y lamenta que la Asamblea Legislativa no se haya pronunciado contra la sentencia constitucional que fractura el proceso electoral ni haya aprobado una ley corta que blinde a los vocales del TSE de ser sometidos a procesos por prevaricato al haber determinado llevar adelante las elecciones.

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Con el principio de preclusión como principal argumento, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y organizaciones políticas determinaron, este 11 de noviembre, rechazar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró desierta la convocatoria para elegir magistrados en cinco departamentos y ratificaron las elecciones judiciales para el 15 de diciembre.

La declaración conjunta reafirmó la realización de las elecciones judiciales el domingo 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el marco constitucional y legal vigente en el país, razón por la cual se rechazó la sentencia constitucional 0770/2024-S4, porque incurre en una «flagrante violación» del principio de preclusión, base fundamental del sistema electoral boliviano, según explicaron desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El principio de preclusión, según la Ley de Régimen Electoral, establece que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”. Eso quiere decir que lo obrado en el pasado no amerita revisión alguna.

El TCP había declarado el pasado 7 de noviembre como desierta la convocatoria para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando; además del TCP en Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y las principales organizaciones políticas del país, expresaron su respaldo al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que ejecute para realizar las elecciones judiciales de forma íntegra el 15 de diciembre de 2024.

En este escenario y con el objetivo de blindar la realización de las elecciones judiciales en las condiciones, alcance y plazos previstos, la declaración conjunta ratifica la plena vigencia de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales N° 1549 del 6 de febrero de 2024.

El documento, que fue firmado por todos los participantes, ratifica el deber y la responsabilidad de todos los órganos del poder público y de las organizaciones políticas de garantizar la realización del proceso electoral de forma «integral, transparente, plural, competitiva y con la más amplia participación ciudadana».

La declaración conjunta recuerda al Órgano Ejecutivo que debe garantizar los recursos económicos necesarios ya presupuestados para la ejecución de las elecciones judiciales, así como la posesión de las autoridades electas en el citado proceso.

Participantes

El evento fue realizado en las instalaciones del TSE en La Paz.  En esta reunión estuvieron el vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, el presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos y el ministro de Justicia César Siles Bazán.

Como representantes de las organizaciones políticas participaron Carlos Mesa Gisbert de Comunidad Ciudadana (CC), Gerardo García Mendoza del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jhonny Fernández Saucedo de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Torres Terzo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Zvonko Matkovic Ribera de Creemos, entre las principales fuerzas. También participaron los representantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Demócratas, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Frente Para la Victoria (FPV) y Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Antecedentes

La Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó el jueves 7 de noviembre la determinación de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.

La misma sala declaró desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija.

El fallo también dispone “la inaplicación del artículo 37  de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 (Ley 1549), por ser «manifiestamente contraria a las normas constitucionales mencionadas”.

Precisamente, la citada cumbre política es en respuesta a estos fallos. En concreto, el TSE con el apoyo del poder ejecutivo y legislativo, más las principales fuerzas políticas del país garantizó la realización de las elecciones judiciales para este diciembre.

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En una respuesta contundente contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) propuso hoy -8 de noviembre- la aprobación de una ley corta para allanar los comicios judiciales de diciembre. El TSE especificó que no pueden realizarse elecciones fragmentadas ni parciales.

La propuesta del TSE para viabilizar las elecciones judiciales fue presentada en una conferencia de prensa a cargo del presidente de la máxima instancia electoral, Oscar Hassenteufel Salazar, quien cuestionó con firmeza el rol del TCP que declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y para el TCP en los departamentos de Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija.

El presidente del TSE informó que se determinó “redactar un proyecto de ley y elevar a conocimiento de la Asamblea Legislativa para que, previo al tratamiento, se apruebe y se disponga la prosecución del proceso electoral judicial en su integridad en resguardo del principio de preclusión y de la unicidad del proceso, porque (…) no es pertinente llevar adelante un acto electoral fragmentado y parcial”, dijo.

El principio de preclusión, según la Ley de Régimen Electoral, establece que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”. Eso quiere decir que lo obrado en el pasado no amerita revisión alguna.

“El proceso electoral va a continuar en las fechas y en las condiciones previstas en el marco legal vigente. Las reuniones posibles y la ley que se pueda aprobar son nada más que un complemento a la decisión firme del Tribunal Supremo Electoral de continuar con el proceso electoral judicial”, afirmó.

El presidente del TSE cuestionó la legitimidad de los magistrados prorrogados y, haciendo alusión a las palabras del expresidente cubano Fidel Castro manifestó: “condénenme, no importa, la historia me absolverá, creo que es el momento de que el pueblo boliviano ponga un freno a los excesos del Tribunal Constitucional”.

Elecciones generales

Ante la consulta de qué pasará con las elecciones generales, Hassenteufel respondió lo siguiente:

“Bajo el mismo argumento, el Tribunal garantiza la realización de las elecciones generales -presidenciales- en las fechas que se vayan a fijar en el calendario electoral luego de que se emita la convocatoria respectiva. Recordó que el citado proceso electoral debe culminar antes de que los vocales del TSE cumplan su mandato que es en diciembre de 2025.

“Cuando decimos que este fallo pone en riesgo cualquier proceso electoral posterior nos referimos justamente a la flagrante violación al principio de preclusión, porque eso realmente si vamos a aplicar hacia adelante esa posibilidad de que un tribunal de amparo pueda suspender un proceso o retrotraer, efectivamente, una elección no podría concluir nunca”.

Posibilidad de elecciones parciales

Una de las periodistas consultó al presidente del TSE sobre la realización de las elecciones judiciales de forma parcial con la decisión del TCP, cuya respuesta es la siguiente:

“Es posible que sea uno de los temas a considerar y de lo que en definitiva pueda resolverse, yo no quiero adelantar en eso una opinión, lo que sí está claro es que este tribunal va a llevar adelante el proceso electoral”.

Antecedentes

La Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó el jueves la determinación de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.

La misma sala declaró desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija.

El fallo también dispone “la inaplicación del artículo 37  de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 (Ley 1549 de 6 febrero de 2024), por ser manifiestamente contraria a las normas constitucionales mencionadas”.

Resolución del TSE

A continuación, damos a conocer de manera íntegra la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral:

Primero: Plantear ante la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional una solicitud de explicación, complementación y enmienda, a objeto de que los magistrados que suscribieron la sentencia observada puedan explicar y/o aclarar una serie de aspectos:
• Aclaren si por una acción de amparo -tutelar- puede determinarse la inaplicabilidad de una norma, aspecto que corresponde al pleno del Tribunal, desde su opinión.
• Justifiquen el fundamento y la explicación de la inobservancia del principio de preclusión establecido en la Ley 1549 y en las otras normas precedentemente citadas.
• Aclaren si la sentencia 0770/2024 dispone que se lleve adelante un proceso de elecciones judiciales fragmentado y se pronuncien, además, sobre el contenido del artículo 182, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado, respecto a las características del proceso electoral “único y exclusivo”.
• Al mismo tiempo, y en vista de que los integrantes de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional se arrogaron funciones que corresponden al Pleno del Tribunal, se les solicita que remitan nuestra solicitud a conocimiento de esa instancia.

Segundo: Plantear ante el presidente y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional una solicitud de avocación, a objeto de que sea la Sala Plena la que se pronuncie y resuelva el planteamiento formulado ante la Sala Cuarta.

Ambos memoriales ya fueron presentados el 7 de noviembre.

Tercero: Redactar un proyecto de ley y elevarlo a conocimiento de la Asamblea Legislativa, para que previo tratamiento respectivo se apruebe y se disponga la prosecución del proceso electoral judicial en su integridad, en resguardo del principio de preclusión y de la unicidad del proceso, porque por las consideraciones realizadas no es pertinente llevar adelante un proceso electoral fragmentado.

Cuarto: Convocar a los representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y al propio presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como al  fiscal general del Estado y representantes de las organizaciones políticas, a una reunión en la que se analice la situación generada por la sentencia 0770/2024, en el marco de la previsión contenida en el artículo 9 de la Ley 018, según la cual la responsabilidad sobre un proceso electoral no es exclusiva del Tribunal Supremo Electoral o del Órgano Electoral en su conjunto. Es responsabilidad de todos, como lo señala el artículo 9 de la Ley 018 del Órgano Electoral, que dispone:

La corresponsabilidad del desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato corresponde a los Órganos del Estado, a las organizaciones políticas, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, en la forma y términos establecidos en la Ley del Régimen Electoral y la presente ley.

A su vez, el artículo 10 de la misma ley añade:

Todas las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus niveles nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino, así como las entidades privadas pertinentes, tienen el deber de colaborar de manera oportuna y efectiva con el Órgano Electoral Plurinacional para el cumplimiento de la función electoral. Este deber de colaboración se extiende al Servicio de Relaciones Exteriores en procesos de registro electoral y voto en el exterior.

Por ello, nos asiste el convencimiento de que la ejecución y control del acto electoral propiamente dicho y de sus efectos inmediatos es obligación de todos.

Quinto: El Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo, cooperación y respaldo de la sociedad en su conjunto, garantiza que sabrá cumplir sus atribuciones y competencias llevando adelante el proceso de elección de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco establecido por la Carta Magna y las leyes secundarias.

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