El candidato Manfred Reyes Villa puso como ejemplo a este y otros proyectos hidroeléctricos para generar un cambio en el ecosistema y la matriz energética. Lejos de sus apreciaciones, el proyecto se encuentra paralizado por el impacto socioambiental que representa.

El cambio de la matriz energética del país fue uno de los temas más recurrentes entre los candidatos en el Debate Presidencial 2025 realizado el 1 de agosto, donde Manfred Reyes Villa resaltó una serie de proyectos para mejorar el ecosistema, entre ellos la hidroeléctrica Rositas. Sin embargo, este discurso es considerado engañoso; los informes técnicos y el estudio a diseño final refieren que tiene un alto impacto ambiental y poca rentabilidad, e incluso hay un fallo judicial que ordena la paralización de toda actividad del proyecto al identificarse vulneraciones contra comunidades y naciones indígenas.
En la sección dedicada a exponer las propuestas sobre medio ambiente, el candidato de Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB) habló sobre el tema energético y dijo lo siguiente:
“Nosotros proponemos liberar la producción de energía. O sea, cualquier ciudadano puede hacer bosques solares o parques solares eólicos para generar energía eléctrica y conectar al sistema nacional. Hay que pensar en cambiar esta matriz energética para mejorar el ecosistema de toda nuestra querida Bolivia. Es importante que también participe la inversión privada, que no solamente sea el Estado el generador de energía. Ya tenemos que pensar desde ahora porque cada año vamos a ir recibiendo menos y menos gas (…) Tenemos varios proyectos: el proyecto Ivirizu de Cochabamba son 300 megas; el proyecto Rositas que habría que hacerlo 600 megas; y además el proyecto Misicuni 120 megas. Podemos tener una gran cantidad de energía eléctrica para hacer esta simbiosis que es importante de cambiar la matriz energética”.
¿Por qué es engañoso?
Para realizar la verificación de este discurso nos enfocamos en uno de los proyectos mencionados por el candidato, que es la hidroeléctrica Rositas en el departamento de Santa Cruz.
El proyecto de la hidroeléctrica Rositas fue presentado en septiembre de 2016 durante el Gobierno de Evo Morales Ayma con la firma del contrato de construcción y puesta en marcha entre la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y un consorcio de empresas chinas Asociación Accidental Rositas (AAR). Sin embargo, el proyecto como tal data de los años 60, cuando se realizaron los primeros estudios a cargo de la consultora alemana Deuchte Projet Union (GBMH).
La producción prevista de esta hidroeléctrica es de 600 megavatios (MW) como indicó Reyes Villa, según consta en los informes de Ende, pero el proyecto tiene observaciones en el área socioambiental con una fuerte afectación al ecosistema, lo cual contradice lo anunciado por el postulante de APB-Súmate.
Para la verificación se consultó a Pablo Solón Romero, director de la Fundación Solón y líder del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, quien nos remitió una serie de estudios que reflejan el impacto socioambiental del citado proyecto.

Qué se conoce del proyecto
El estudio a diseño final fue realizado por la empresa española Eptisa, donde se establece que el área de influencia directa del proyecto es de 452,51 kilómetros cuadrados y abarca los municipios Gutiérrez y Cabezas en la provincia Cordillera, Postrervalle y Vallegrande en la provincia Vallegrande de Santa Cruz, y Villa Vaca Guzmán en el departamento de Chuquisaca.

El consorcio AAR que se adjudicó el proyecto está constituido por China International Water & Electric, China Three Gorges Corporation y la Empresa Constructora Reedco S.R.L. de Bolivia, dice un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
La construcción de la hidroeléctrica está prevista sobre el Río Grande en su cruce con el río Rositas, en la zona denominada “Cajones”, próxima a Abapó en el municipio Cabezas de Santa Cruz. El nombre del proyecto se debe precisamente al río Rositas.
La idea es que el proyecto forme parte de un complejo de siete megahidroeléctricas que se pretenden construir a lo largo del Río Grande. Estas son: Seripona, Cañahuecal, Las Juntas, Ocampo, Peña Blanca y La Pesca.
La represa de Rositas está diseñada con una altura de 162 metros, inundará 449 kilómetros cuadrados y tendrá una potencia instalada de 600 MW para generar 3064 gigawatt hora (GWh) al año.
La construcción de la hidroeléctrica requiere desviar el Río Grande para erigir la presa. Para ello está prevista la construcción de dos túneles de 17 metros de diámetro con una longitud de 3.260,021 metros. La central hidroeléctrica estará construida al pie de la presa y equipada con cuatro turbinas de 150 megavatios de potencia.
Para acceder hasta la cumbre de la presa, desde la población de Abapó se construirá un camino permanente y exclusivo de 22,31 km por la margen derecha del río. También se construirá otro camino de acceso a la central al pie de la presa que será de 7,14 km, indica el estudio.
Además de la generación eléctrica, el embalse permitirá el riego de 165.000 hectáreas para algunas áreas de Abapó, Izozog y Florida; abastecimiento de agua potable y disminución del riesgo de inundación en toda la zona situada aguas abajo de la presa. Sin embargo, sobre estos otros componentes del proyecto multipropósito no existe ningún estudio actualizado que sea público.
Las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia y que serán inundadas por el embalse son 10, según el estudio a diseño final. En total, 23 comunidades que incluyen dos tierras comunitarias de origen guaraní (TCO), serán parcialmente afectadas por la hidroeléctrica.
Un reportaje publicado en 2021 por la Red Ambiental de Información (RAI) compara la extensión de inundación con una superficie equivalente a 45 mil canchas de fútbol o una vez y media la superficie de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que es de 325 kilómetros cuadrados aproximadamente.
El informe de la Fundación Solón establece que no se ha realizado la consulta para el consentimiento previo libre e informado a las poblaciones indígenas y afectadas.
La Fundación Solón especifica en su informe que el embalse y las otras obras complementarias impactarán tres áreas protegidas en Santa Cruz: el Parque Nacional – Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao; el Área Natural de Manejo Integrado Río Grande – Valles Cruceños; y la Reserva Municipal de Parabanó, con impactos ambientales de valoración “muy alta” y “crítica”.
También está previsto el desmonte de 28.512 hectáreas del bosque seco boliviano-tucumano transicional (50%) y del bosque chiquitano transicional (41%). Durante los cuatro años que se estima el desmonte, se cuantificó la extracción de una biomasa de 6.878.491 toneladas, según refiere el informe de la Fundación Solón.
Agrega que en riqueza patrimonial, se perderán quebradas de los ríos Ñancahuazú, Rositas, Masicurí y Río Grande por las que transitó la guerrilla de Ernesto “Che” Guevara en los años 1966 y 1967.
Según la ficha ambiental de la central hidroeléctrica Rositas su construcción demorará ocho años y no existe fecha confirmada de inicio y culminación de obras.
Un dato revelador publicado por la Red Ambiental de Información es que la energía de Rositas cuesta casi el doble de lo que actualmente se paga a las generadoras eléctricas. Es decir, este proyecto que demanda una millonaria inversión, no sería rentable, según el propio estudio a diseño final.
“Rositas generará electricidad a un costo de 74,33 dólares por megavatio, cuando el precio promedio de compra de generadoras eléctricas en Bolivia está en 39,81 dólares por megavatio”, especifica la Fundación Solón.

Solón explica que en Bolivia, las termoeléctricas compran el millar de pies cúbicos de gas natural a un precio subvencionado de 1,3 dólares MMBTU (un millón de unidades térmicas). “Para ser competitiva a nivel nacional con relación a las termoeléctricas habría que eliminar la subvención al gas natural, situación que es totalmente descabellada por el incremento dramático de las tarifas de electricidad que se produciría”.
Justicia
Una acción popular presentada desde 2018 por representantes de las comunidades del área de incidencia de la hidroeléctrica Rositas fue aceptada por la Justicia. En un último fallo, el Juzgado Público Quinto en Materia Familiar de Cochabamba constituido en Tribunal de Garantías ordenó a Ende «se abstenga de realizar cualquier acción jurídica o administrativa” sobre los territorios que pretende inundar.

Un nuevo informe de julio de 2025 indica que el Juzgado de Garantías citó a representantes de Ende “a objeto de que preste información sobre los hechos denunciados en la acción interpuesta y presente en su caso los actuados concernientes al mismo”.
Si bien Ende asegura que cumplió con la normativa ambiental, el proyecto fue paralizado desde el año 2018 por las acciones legales presentadas en su contra, además del rechazo existente en la región donde se pretende construir la hidroeléctrica.
Sin respuestas
Se intentó contactar al candidato Manfred Reyes Villa y a su equipo jurídico sin obtener respuesta sobre el caso hasta el cierre de edición.
Por todo lo expuesto, se puede constatar que el proyecto hidroeléctrico Rositas tiene un alto impacto ambiental y social, contrario a lo referido por el candidato Manfred Reyes Villa durante el debate presidencial.
Medioambiente fue uno de los ejes del debate presidencial organizado el pasado 1 de agosto en la ciudad de Santa Cruz por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB). Uno de los temas más repetidos en esta área por los candidatos fue el cambio de la matriz energética, tomando en cuenta la fuerte dependencia del país a los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos, cuyas reservas cayeron de forma considerable.
Las elecciones generales están previstas para el 17 de agosto.


