Los vocales que conforman la Sala Plena del Órgano Electoral reclaman del Ejecutivo y del Legislativo el incumplimiento de los compromisos asumidos en días pasados para garantizar el desarrollo integral de los comicios del 15 de diciembre.
Pese al acuerdo firmado días atrás para el desarrollo integral de las elecciones judiciales y en vista de la falta de cumplimiento de los compromisos acordados por parte de algunos de los actores, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso acatar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y llevar adelante los comicios de forma parcial, es decir que en algunos departamentos no se renovará a todas las autoridades judiciales.
“Luego de un análisis de la sentencia y de las declaraciones públicas que se emitieron después del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, la Sala Plena del TSE ha decidido continuar con la Elección Judicial en el marco que establece el citado auto», anunció la Sala Plena a través de un comunicado.
Los vocales arguyen que la determinación es asumida porque pese a los compromisos adoptados no se han garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral de manera integral.
“Desde la Asamblea Legislativa no se ha emitido de manera inmediata un pronunciamiento que rechace le sentencia constitucional 0770/2024 expuesta por los magistrados que están cuestionados, ni se ha aprobado una ley que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones electorales, por el contrario, algunos han manifestado que se debe acatar ese fallo”, añade el pronunciamiento.
Dicha sentencia, emitida por el TCP el 7 de noviembre, dispone declarar como desierta la convocatoria para elegir a los magistrados del TSJ en los departamentos de Beni y Pando, y a los magistrados del TCP en Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) reclaman también que no se les haya dado garantías para disponer de los recursos económicos que se necesitaban para llevar adelante el proceso en su integridad, tal como estaba planificado inicialmente.
En esa línea, el comunicado resalta que “el demandante ha solicitado que no se realicen desembolsos económicos para la continuidad del proceso, y algunos representantes del Órgano Ejecutivo han emitido declaraciones alentando el cumplimiento de esa sentencia lo que genera incertidumbre de contar con los recursos económicos para dar continuidad a este proceso de manera integral como lo hemos defendido hasta ahora”.
El TSE se declara en el abandono
Hemos quedado “prácticamente solos en nuestra postura”, dice el pronunciamiento de la máxima autoridad del OEP.
Con la intención de garantizar el desarrollo del proceso, a convocatoria del TSE, el lunes se llevó a cabo una reunión de alto nivel con decisión política. En la cita, representantes del Órgano Electoral, del Legislativo y del Ejecutivo, además de delegados y líderes de las organizaciones políticas con personería jurídica, se comprometieron a tomar acciones para dar continuidad a las judiciales.
La declaración emitida al término de dicha reunión reafirmó la realización de los comicios el domingo 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del TCP en el marco constitucional y legal vigente en el país. Por esta razón se rechazó la sentencia constitucional 0770/2024-S4, arguyendo que incurre en una “flagrante violación” del principio de preclusión, base fundamental del sistema electoral boliviano, según explicaron desde TSE.
El principio de preclusión, según la Ley de Régimen Electoral, establece que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”. Eso quiere decir que lo obrado en el pasado no amerita revisión alguna.
Ahora, el TSE deplora el incumplimiento del acuerdo y lamenta que la Asamblea Legislativa no se haya pronunciado contra la sentencia constitucional que fractura el proceso electoral ni haya aprobado una ley corta que blinde a los vocales del TSE de ser sometidos a procesos por prevaricato al haber determinado llevar adelante las elecciones.
