Especialistas hacen notar que cualquier avance en esta materia también es fruto del trabajo de otros órganos e instituciones del Estado, así como de entidades de la sociedad civil, colectivos y fundaciones.
Eduardo Del Castillo, candidato a la presidencia por el MAS, afirmó que durante su gestión como ministro de Gobierno redujeron el número de feminicidios. Sin embargo, esta declaración se considera engañosa, ya que cualquier avance en la lucha contra la violencia de género es el resultado de un esfuerzo colectivo de décadas.
Durante el Debate Presidencial 2025, en la ronda de preguntas entre postulantes, Del Castillo le planteó la siguiente consulta a Andrónico Rodríguez (Alianza Popular):
“Durante nuestra gestión, en la lucha contra la violencia encontramos un país con 113 feminicidios y lo bajamos a 108, a 95 y luego a 81. Hicimos bastante trabajo. Yo quisiera saber cuál es tu plan para combatir la violencia en nuestro país”.
Bolivia Verifica corroboró que los datos brindados por Del Castillo son correctos. Pero dos expertas en temas de género consideran que estos avances no son solo mérito del Ejecutivo nacional, sino de otras entidades del Estado (alcaldías, gobernaciones, Órgano Judicial, Ministerio Público) y un conjunto de acciones desarrolladas desde colectivos y organizaciones
Además, lamentan que el tema sea utilizado como bandera electoral y reflexionan en sentido de que, si bien el número de feminicidios bajó, otros indicadores muestran que la violencia contra las mujeres arrecia.
Qué señalan los datos
Bolivia Verifica acudió a los datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer y los números muestran que, efectivamente, ser reportó una tendencia a la baja en el número de feminicidios desde 2020.
Hace cinco años, cuando Luis Arce entró a gobernar, los casos habían alcanzado a 113 y luego, tal como mencionó Del Castillo, en los siguientes años se registró un descenso:
- 2020: 113
- 2021: 108
- 2022: 95
- 2023: 81
- 2024: 84
Adicionalmente, los datos de la Coordinadora de la Mujer dan cuenta de 45 feminicidios cometidos en diferentes regiones del país hasta julio de 2025.
Por su parte, la información oficial del Ministerio Público en su sitio web muestra datos muy similares: https://www.fiscalia.gob.bo/estadisticas/feminicidios?page=2
- 2021: 107 feminicidios
- 2022: 94 feminicidios
- 2023: 79 feminicidios 17 de diciembre
- 2024: al 18 de octubre se tuvo 73 feminicidios
Los argumentos desde la sociedad civil
Patricia Flores Palacios, magister en ciencias sociales y feminista queer, sostiene que «cada avance en esta materia, cada recurso obtenido a fuerza de la demanda constante de la sociedad civil, no depende exclusivamente de un ministerio, un ministro o un funcionario en ejercicio».
En esa línea, advierte de un intento de electoralizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres «como si fuera un trofeo partidario», lo que en su criterio «resulta inaceptable y profundamente irresponsable».
Por su parte, Mariela Ortiz, responsable de Monitoreo y Evaluación de Fundación Construir, afirma que para valorar los avances «no solo se debe medir el esfuerzo desarrollado por el Estado, sino por un conjunto de entidades de la sociedad civil: organizaciones, redes, colectivos y colectivas que han trabajado en la atención de casos y el acompañamiento a víctimas, promoviendo el empoderamiento de las mujeres para que ellas puedan reconocer la violencia, saber cuándo están atravesando por situaciones de riesgo y así prevenir un feminicidio».
A continuación, compartimos las exposiciones de ambas especialistas.
Mariela Ortiz: «Al trabajo que hemos mencionado se suman las promotoras comunitarias, una red nacional de mujeres que trabajan desde lo local, municipal y departamental, no solo en el eje troncal o en ciudades capitales, sino en poblaciones alejadas. También están las propias mujeres sobrevivientes de violencia que empoderan a sus pares para evitar un feminicidio.
De igual manera el Ministerio de Justicia, la escuela de jueces y de fiscales, el comité de género del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con quienes se desarrollan cursos de sensibilización y formación dirigidos a los operadores, para que las víctimas no sean revictimizadas y puedan enfrentar a sus agresores antes de lamentar una pérdida.
Se ha emitido un protocolo para juzgar con perspectiva de género, un protocolo para para investigar con perspectiva de género. Entonces, son esfuerzos no solo desarrollados por el Ministerio de Gobierno, sino que la sociedad civil en coordinación con otros niveles del Estado y otros actores.
No obstante, tenemos que recordar que aún queda pendiente mejorar la prevención de las violencias, más tomando en cuenta los alarmantes datos que tenemos a la fecha; de igual manera hay que trabajar en sancionar correcta y oportunamente a los agresores y tampoco se debe olvidar la reparación a las víctimas, entre ellos las niñas y niños huérfanos.
Por tanto, creemos que si bien las aseveraciones del candidato son reales, dado que el índice de feminicidios se ha reducido, no se debe solamente a que él o el Ministerio de Gobierno haya contribuido a la reducción»
Patricia Flores: «Electoralizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres como si fuera un trofeo partidario resulta inaceptable y profundamente irresponsable. Cada avance en esta materia, cada recurso obtenido a fuerza de la demanda constante de la sociedad civil, no depende exclusivamente de un ministerio, un ministro o un funcionario en ejercicio.
Pretender capitalizar una realidad tan dolorosa no solo denigra el esfuerzo colectivo sino que ignora los datos oficiales que demuestran lo contrario: según la Fiscalía General del Estado, en el último quinquenio la violencia contra las mujeres no ha disminuido, sino que se ha incrementado, y Bolivia sigue siendo el país con mayores índices de feminicidio de la región.
Esta realidad exige una reflexión seria en los discursos políticos que con cifras maquilladas desvirtúan la lacerante realidad del feminicidio. La reducción paupérrima de presupuesto destinado a la prevención, atención y sanción de la violencia de género, sumada a las reiteradas alertas de la Defensoría del Pueblo y los organismos internacionales como el Examen Periódico Universal, no puede ser objeto de frivolidad ni justificaciones superficiales.
Es inadmisible que quienes buscan cargos políticos banalicen la permanente vulneración de los derechos de las mujeres, cuando la vida y dignidad de miles de niñas, adolescentes y mujeres están en juego. Bolivia merece respeto, acción contundente y verdadera responsabilidad social».
