Ambas propuestas fueron presentadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y la primera ya está en revisión por parte de un comité especial. El debate electoral también es una demanda de la sociedad civil y de activistas por la democracia.
Dos proyectos de ley (1,2) remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional establecen que los candidatos a la presidencia, la vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías están obligados a participar en debates electorales de carácter público con la finalidad de promover el voto informado. Negarse a esta disposición expone a las organizaciones políticas y a los propios candidatos a sanciones drásticas.
La primera iniciativa le corresponde al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que el 13 de noviembre de 2024 presentó el proyecto de ley sobre «Debate electoral público y obligatorio».
La segunda es un planteamiento entregado al Legislativo el 30 de enero de este año por parte del analista y politólogo Paul Coca bajo el título «Ley de debate obligatorio para candidaturas del binomio presidencial».
El espíritu de ambas proposiciones es promover un espacio democrático de confrontación ideológica, pero que posibilite la deliberación y contrastación de los programas propuestos por los candidatos para que la gente pueda elegir.
Qué propone el OEP
Ajustes. La propuesta del Órgano Electoral implica modificar la Ley de Régimen Electoral No. 026 para incorporar el debate electoral público y obligatorio en el artículo 137 de dicha norma.
Alcances. Los aspirantes a la presidencia, vicepresidencia, gobernaciones, gobiernos regionales y alcaldías deberán someterse a la norma y participar de manera inexcusable en los debates.
Organización. La preparación y desarrollo de los debates estará a cargo del OEP y serán transmitidos por los medios de comunicación del Estado. Estos pondrán a disposición su señal para todos los medios privados interesados en retransmitir los eventos de manera simultánea.
Plazos. Dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de elección, las y los candidatos deberán participar de los debates electorales públicos.
Si la elección se resolviera en segunda vuelta, los candidatos habilitados deberán participar en un nuevo debate dentro los diez días anteriores a la fecha del balotaje.
Sanciones. El proyecto de de ley de la OEP advierte que los candidatos que incumplan con la obligación de participar de los debates serán sancionados con la suspensión de la subvención del fortalecimiento público en periodo electoral (recursos para propaganda), previsto por el artículo 37 de la Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018 de Organizaciones Políticas.
La vocal Nancy Gutiérrez, promotora del proyecto de ley, indicó que esta iniciativa busca fortalecer el ejercicio del derecho al voto de los electores mediante decisiones informadas. Complementó que el debate electoral puede constituirse en un espacio democrático de confrontación ideológica proporcionando a la ciudadanía información de sus programas de gobierno y sus posiciones en temáticas de interés nacional y local.
Para conocer más detalles al respecto, ver el siguiente video a partir del minuto 30:55.
El planteamiento de Paul Coca
Alcance. En su propuesta, el abogado constitucionalista Paul Coca plantea debates obligatorios para el binomio presidencial, es decir para candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de Bolivia.
Plazos. El documento establece dos debates presidenciales y uno vicepresidencial en la primera vuelta, y un debate obligatorio para los aspirantes a presidente y vicepresidente en una eventual segunda vuelta.
Prohibición. En ningún caso, los candidatos podrán enviar a algún representante en su lugar.
Difusión. El proyecto obliga al Órgano Ejecutivo a transmitir los debates a través de todos los medios de comunicación estatales, sin costo adicional e incluyendo el lenguaje de señas. Los medios privados podrán retransmitir el evento libremente.
Penalidad. Las sanciones para los candidatos que no asistan a los debates son progresivas: se empieza por la suspensión de subvención estatal, luego multa equivalente a 20 salarios mínimos y remisión de antecedentes a la Contraloría, e inhabilitación definitiva del proceso electoral, además de anulación de la personería jurídica de la organización política.
Organización. La preparación y desarrollos de estos eventos estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral en alianza con la Asociación Nacional de la Prensa, la Confederación Nacional de Profesionales, Asociación Nacional de Universidades Privadas y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Cada postulante pagará los costos de su traslado al lugar del evento.
Coca destacó que su motivación principal es fortalecer la cultura democrática en el país. «Es un deber ciudadano exigir que quienes aspiran a gobernar presenten sus ideas y propuestas ante el pueblo».
Recordó que antes, el debate no era obligatorio, sino optativo y voluntario. “Los políticos le hacían una especie de gran favor a los votantes. Esto debe cambiar, así como la ciudadanía está obligada a votar, a obtener un carnet de sufragio, ellos también deben debatir obligatoriamente”, le dijo a Bolivia Verifica.
Según Coca, no hay presupuesto adicional para el debate, razón por la cual la promoción, difusión y desarrollo del debate estará a cargo del TSE.
Un comité del Legislativo ya analiza la primera propuesta
La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, diputada Olivia Guachalla (MAS-IPSP), informó que el Proyecto de Ley de Obligatoriedad de Debate entre Candidatos Presidenciales ya fue remitido al Comité de Democracia y Régimen Electoral para su tratamiento.
“Esperemos que nos devuelva lo antes posible con un informe y a partir de eso lo tratamos en comisión para su aprobación o rechazo. Estamos cumpliendo con el procedimiento legislativo (…), todo el mundo se cree presidenciable y es por eso que deben socializar su propuesta, de cómo solucionar el tema económico del país y otros”, explicó la legisladora la semana pasada.
Guachalla consideró que el proyecto debe ser aprobado, “porque es un derecho democrático de la población” y así se pueda conocer las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones nacionales.
Una demanda de la sociedad civil
La presentación de estos proyectos de ley ha generado expectativa en la opinión pública, ya que se considera una medida que puede contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso electoral.
Un grupo de cerca de 80 organizaciones de la sociedad civil y una veintena de personalidades comprometidas con la democracia y los derechos humanos solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la pronta aprobación de una ley que establece la obligatoriedad de debates públicos entre candidatos a cargos electivos en Bolivia.
En ese sentido emitieron un pronunciamiento que lleva por título: «Si la ciudadanía está obligada a votar, las candidatas y candidatos deben ser obligados(as) a debatir».
«Consideramos que la iniciativa de una ley de debate obligatorio para candidatos(as) es altamente positiva y se enmarca en estándares del sistema interamericano de derechos humanos, los que disponen que: ‘el sano debate democrático exige el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones con relación a candidatos(as), sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a elecciones’”, se lee en el manifiesto.
Según las organizaciones, colectivos y activistas firmantes, es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar. «El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo”.
